Colombia asumió compromisos nacionales e internacionales frente a este fenómeno planetario. Sin embargo, las acciones parecieran ir en contravía de cumplir con estos objetivos.
En materia de cambio climático, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) está bien orientado, pero se queda corto y, en ocasiones, carece de coherencia.
El Plan hace un diagnóstico acertado de la situación nacional en la materia, y define una serie de objetivos pertinentes para avanzar en la dirección correcta. En el Pacto por la Sostenibilidad propone “avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático”, mejorar el transporte, impulsar las energías renovables no convencionales, y “avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgo actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo”, entre otras.
Sin embargo, las estrategias planteadas carecen en varios casos de precisión, y más aún, la mayoría de las metas definidas como medidas para cumplir los objetivos son poco ambiciosas.
Un ejemplo significativo es la meta de hectáreas con producción ganadera sostenible, que pasa de 72.000 a 147.000. Hoy en día, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en Colombia hay 14 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad, cuando solo 2,7 millones son aptas para ese fin. Por otra parte, está la meta de alcanzar 2.600 vehículos eléctricos; cifra realmente pequeña si se tiene en cuenta que cerramos 2018 con cerca de 14 millones.
El ejemplo más grave es sin duda la meta para frenar la deforestación. Es bien sabido que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en Colombia proviene de la tala acelerada de nuestros bosques, que son, además, parte fundamental del ecosistema y nos permiten adaptarnos al cambio climático. Sin embargo, el PND se propone, en vez de frenar o disminuir este alarmante fenómeno, mantener el crecimiento anual tal como está. La meta está formulada en términos de crecimiento de la deforestación respecto al año anterior, y planea pasar de 23 % al 0 %; esto significa que la idea es que sigamos en las mismas durante cuatro años más. Una meta sencillamente inaceptable.
El Plan es directamente incoherente cuando se lee además el ‘Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades’. Aunque hay algunas referencias a la necesidad de incentivar las energías renovables no convencionales, incluye metas que esperan aumentar las toneladas de carbón que extraemos del subsuelo, incrementar las reservas y producción de hidrocarburos, y el uso del carbón térmico como fuente de generación de energía eléctrica para casos en que disminuya la capacidad de generar energía hidráulica. Una de las cifras más impactantes es que se planea cuadruplicar la cantidad de pozos exploratorios de petróleo perforados.
Esta incoherencia, que consiste en buscar aumentar el uso y disponibilidad de hidrocarburos en nuestra economía, se combina con la total ausencia de un plan de transición bien definido, que permita avanzar desde ya en la diversificación económica y energética para ser un país responsable con nuestro propio futuro en materia de cambio climático.
En conclusión, el Plan se parece a algunos anteriores en los que con una mano se borra lo que se hace con la otra. Bien sabemos que existen intereses económicos, sociales y ambientales por balancear en un ejercicio como este. Pero, en este caso, se requiere un mayor compromiso político con metas ambiciosas y coherentes a lo largo de la agenda de progreso. Es urgente y necesario; es un imperativo del momento planetario que vivimos.
Fuente: Isabel Cavelier, Asesora Sénior De Mission 2020
