Las actividades agrícolas y pecuarias de los países de la región enfrentan nuevos retos y cambios frente a los desafíos de la seguridad alimentaria y la reactivación pospandemia.
Latinoamérica está llamada a constituirse en una de las grandes reservas agroindustriales del mundo.
Esa responsabilidad no solo recae en los técnicos y productores de cada una de las actividades de producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, sino también en quienes están involucrados en articular las cadenas agroalimentarias y de distribución y suministro de los bienes, servicios e insumos, así como de las autoridades sanitarias y los gobiernos, a fin de que los consumidores reciban de manera oportuna y efectiva ese importante sustento, garantía de la seguridad alimentaria mundial.
El propósito comercial y social de la agricultura deberá estar ligado a la necesidad global que persiguen los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), hacía la búsqueda de un ecosistema sano, perdurable en el tiempo, en favor de la biodiversidad, la protección del planeta Tierra y el bienestar de la humanidad. En ese sentido vienen trabajando las grandes organizaciones mundiales y las propias comunidades urbanas y rurales.
Un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- responde preguntas del futuro del sector agropecuario, su defensa ante el desafío del cambio climático y su papel en el entorno del ecosistema y la biodiversidad. Analiza siete experiencias de transformación y reinvención agropecuaria en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y el Caribe.
En una publicación denominada: “Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe”, la FAO muestra –con ejemplos concretos– cómo pasar de buenas prácticas a políticas públicas, asimismo cómo alinear los objetivos ambientales con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva.
Responde, por ejemplo, inquietudes de la sociedad respecto de ¿cómo pudieron ganaderos de Ecuador aumentar en un 40 % sus ingresos y reducir en un 20 % sus emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cómo fue posible que agricultores de Uruguay disminuyeran en hasta un 70 % su uso de pesticidas?, y ¿cómo una iniciativa de energías limpias en la agroindustria de México logró evitar la emisión de seis millones de toneladas de carbono, mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores y la salud ambiental de las comunidades aledañas? Además, de otras cuatro experiencias dicientes de la imperiosa necesidad de profundizar en la innovación y el emprendimiento de nuevas formas de hacer agricultura.
Mediante esos siete casos exitosos implementados por productores de países latinoamericanos y caribeños se establecen puntos de vista certeros que explican el por qué las actividades agrícolas y pecuarias de la región requieren renovarse, implementar mejores prácticas y buscar mejorar los bajos índices de eficiencia en sostenibilidad, deficiencia en la comercialización y mejorar la satisfacción del consumidor, a fin de conseguir elevar los niveles de rentabilidad y de calidad de vida de los propios campesinos.
“Ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción de las naciones (vida urbana y rural) luego de la pandemia para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”, aseguró el Representante Regional de la FAO, Julio A. Berdegué, durante un conversatorio que incluyó el análisis del futuro alimentario de los países de América Latina y el Caribe y el lanzamiento del nuevo estudio de la organización acerca de la importancia de pensar ahora en la agricultura sostenible y resiliente en la pospandemia.
“Nos encontramos en un momento sin precedentes. La covid-19 dará lugar a la peor recesión en un siglo en América Latina y el Caribe”, advirtió el funcionario de la FAO.
En su opinión, “en la región, se prevé un aumento de 28 millones de personas en situación de pobreza extrema, alcanzando un total de 96 millones (o el 14,9 % de la población total), y 45 millones de personas en situación de pobreza (para un total de 230 millones o el 35,6 %). Además, ante una situación en la que el hambre ya estaba aumentando en los últimos años después de décadas de reducción significativa. Existe una muy alta probabilidad de que la inseguridad alimentaria moderada y severa se incremente de manera muy importante en la región, como consecuencia de la pérdida de ingresos de los hogares, que obliga a limitar la cantidad y calidad de los alimentos”.
Berdegué cree que contener las crisis sanitaria, económica y social derivadas de la pandemia, con toda razón concentra la atención de los gobiernos y de la ciudadanía. “Reconstruir las economías será una tarea ardua y recuperar los empleos e ingresos de las personas, es un asunto de primera prioridad. Todo ello va a requerir que los países (es decir, los gobiernos y el sector privado) hagan enormes inversiones, como de hecho ya está sucediendo”, puntualizó.
Una pregunta importante, que inspiró este estudio de la FAO apunta a determinar, ¿en qué conviene invertir? Y, de manera más específica, ¿es posible aprovechar las inversiones de la reconstrucción económica y social, para además avanzar en la lucha contra el cambio climático o en la reducción de la huella ambiental de la agricultura?
Según la FAO, nadie debería en principio estar en contra de esa posibilidad. Sin embargo, “las cosas no son tan sencillas, porque necesitamos asegurar que las propuestas de inversión que se hagan con esa lógica no dilaten o diluyan el efecto de reconstrucción en el corto plazo, a la vez que sean eficaces en los objetivos climáticos y ambientales. Es decir, la respuesta debe de darse a nivel de propuestas concretas, las que tienen que demostrar que cumplen simultáneamente con ambos criterios”, señala Julio Antonio Berdegué.
El representante de la organización en la región asegura que lo que se trata con la publicación es mostrar que existen opciones que permiten una transformación ambiental y climática de la agricultura de América Latina y el Caribe, que no deterioran su productividad, ni su rentabilidad económica y que, por el contrario, en muchos casos expanden las posibilidades de desarrollo económico y social.
En el documento se exploran siete ejemplos que han sido exitosos en alinear objetivos ambientales, con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva. “Estos casos se analizan para mostrar los caminos posibles para transitar desde nuestros sistemas productivos actuales, a sistemas productivos más sostenibles y resilientes”, dijo el directivo.
Allí los análisis ponen el acento en los beneficios múltiples de estas iniciativas, sin dejar de explicitar los principales obstáculos que se ha requerido enfrentar para poder escalarlas. Estas experiencias han involucrado siempre una diversidad de actores, cuyo papel también es destacado en la descripción de los casos.
Según la FAO, este documento representa un recurso importante para quienes tienen responsabilidades –en los sectores público y privado– de identificar, formular o conducir iniciativas para sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes.
“No podemos seguir pensando que conservar, sustentar y reducir emisiones, son restricciones que afectan el desarrollo productivo, los sistemas alimentarios y el mundo rural. Tampoco debemos ignorar que hay propuestas ambientales y climáticas que sí tienen o pueden tener esas consecuencias. La tarea, compleja y necesaria, consiste en identificar las estrategias y las soluciones concretas que nos permitan resolver bien la ecuación del desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. En la FAO estamos convencidos de que los cambios transformadores, fundados en innovaciones tecnológicas e institucionales, serán fuente de un renovado crecimiento económico”, indicó Berdegué.
“La transformación de los sistemas agroalimentarios –agregó– se está dando todos los días en todos los países y territorios. Es más, muchas veces esta se desarrolla de manera vertiginosa. Ante esto, el desafío es encontrar maneras concretas de incidir en el sentido, contenido, dirección y velocidad de estos cambios, buscando maximizar sus beneficios y mitigar sus costos. Si logramos hacerlo, tendremos mejor producción, mejor nutrición, un mejor medioambiente y una vida mejor”.
Casos y ejemplos
- En Ecuador, un proyecto de ganadería climáticamente inteligente implementado en más de 800 fincas permitió que 1.056 ganaderos incrementaran su producción de leche, aumentaran sus ingresos y mejoraran la calidad de los suelos en 40.000 hectáreas. El proyecto evitó la emisión de 24.000 toneladas de gases de efecto invernadero gracias a técnicas como el pastoreo rotativo y la producción de compost para pastos. Además, los ganaderos aprendieron a producir sus propios piensos (alimentos concentrados), y también aplicaron herramientas digitales para monitorear sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
- En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes y bajas en emisiones en la agricultura y la agroindustria permitió que 1.842 agronegocios –principalmente fincas de ganado de vacuno, porcicultura y avicultura, centros de procesamiento de carne e industrias agroprocesadoras– redujeran sus emisiones netas de GEI en seis millones de toneladas de CO2 eq, además de producir energía a partir de biomasa.
- En Uruguay, un proyecto de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas trabajó con más de 2.000 técnicos y productores, y demostró que es posible reducir hasta en un 70 % el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja, sin afectar en nada el rendimiento y sin aumento de costos, lo que supuso –para los casos evaluados– un ahorro de USD 40 por hectárea, en promedio.
- En Chile, los Acuerdos de Producción Limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar de la región de El Maule aumentar en 15 % sus beneficios económicos, reduciendo su uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y uso de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y del suelo.
- En Guatemala y Colombia, un proyecto de manejo forestal comunitario permitió impulsar la conservación de los bosques, generar empleo y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo. En Guatemala participaron 1.233 familias en 350.000 hectáreas de la Reserva de la Biósfera Maya en Petén, mientras que en Colombia participaron 25 comunidades y dos asociaciones madereras.
- Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago, permitió reducir en hasta 36 % la pesca no intencionada gracias a nuevas redes y tecnología, protegiendo a especies amenazadas, como tortugas y rayas, y disminuyendo su impacto ambiental.
- En Colombia, mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en Magdalena y La Guajira redujera en 15 % sus pérdidas por efectos climáticos y un 25 % en su uso de fertilizantes por hectárea.
Todas estas iniciativas muestran que no es necesario elegir entre crear empleo y cuidar el medioambiente, o entre la necesaria transformación sostenible de la agricultura y la reactivación económica pospandemia, porque los proyectos y políticas ambientales también generan múltiples beneficios económicos y sociales.
La FAO asegura que una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático es posible en América Latina y el Caribe, y lograrla es imperativo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dar cumplimiento al Acuerdo de París. “Resulta esencial, por tanto, identificar caminos para avanzar hacia una transformación en la manera en que se producen los alimentos”, concluye el informe.
Mediante la presentación de esas siete experiencias exitosas de producción sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe se espera mostrar que existen opciones que permiten una transformación de la agricultura en la región, que no afectan la productividad ni la rentabilidad, y que, por el contrario, en muchos casos expanden las oportunidades de desarrollo económico y social.
El mensaje de la FAO tiene que ver con que una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático sí es posible en América Latina y el Caribe.
Retorno social
Según la FAO, transformar la agricultura es económicamente rentable porque constituye una inversión de alto retorno social: tras la crisis de 2009-2010, la evidencia mostró que, por cada millón de dólares estadounidenses invertidos en la restauración de ecosistemas, se crearon 10 veces más empleos que con inversiones similares en el sector del carbón o nuclear.
- Casi la mitad de las soluciones viables para que los países alcancen los objetivos climáticos internacionalmente acordados, se relacionan con el sector agrícola.
- A nivel global, por cada dólar invertido en la restauración de bosques degradados se pueden obtener entre siete y 30 dólares en beneficios económicos (Ding et al., 2017).
- Recuperar las tierras degradadas de América Latina y el Caribe produciría USD 23.000 millones en beneficios netos en 50 años.
El agro en cifras
- La región posee 576 millones de hectáreas de suelos agrícolas (Gardi et al., 2014) y aporta el 14 % de la producción y el 23 % de las exportaciones agrícolas y pesqueras (OCDE y FAO, 2019).
- La región cuenta con alrededor de 150 millones de agricultores y dos millones de pescadores (Trivelli y Berdegué, 2019).
- América Latina y el Caribe posee el 23,4 % de la cobertura boscosa y el 31 % del agua dulce del planeta y contiene el 50 % de la biodiversidad mundial.
- En la región, la pobreza se concentra mayormente en zonas rurales, donde el 48,6 % de la población es pobre y el 22,5 % extremadamente pobre.
- El sector agrícola utiliza un 73 % del total del agua dulce en la región.
- Existen cerca de 200 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe, y en un 50 % de los suelos agrícolas existe algún grado de erosión, debido a un mal manejo y a la pérdida de cobertura vegetal.
- Más de la mitad de las pesquerías de la región están sobreexplotadas.