Colombia espera cambios en el acontecer futuro de los productores rurales. Mediante la llegada de Cecilia López Montaño al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el país fija sus esperanzas en los cambios que desde hace décadas se le deben a la ruralidad, en cuanto a su evolución hacia una agricultura potente, productiva y rentable para los campesinos.

La elección del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, pese a que no fue sorpresiva, sí causó todo tipo de sensaciones en la comunidad, principalmente en la económica y rural del país.

Y no era para menos, un mandatario con ideología de izquierda no lo había tenido Colombia en los dos últimos siglos. Por ello, todas esas sensaciones encontradas que aún vive parte de la ciudadanía, principalmente quienes no eran partidarios de su elección, causaron en ese segmento poblacional incertidumbre, miedo, desolación, negatividad y preocupación; mientas que para los demás, su triunfo fue un acontecimiento positivo, esperado con ansiedad, que renovó la esperanza de cambio y renovación que siempre han deseado y un viraje completo de las viejas tradiciones políticas y sociales de la nación.

Es probable que todos tengan la razón, por las propias circunstancias que se han vivido en Colombia en los últimos años en los que se incrementó la polarización, la inseguridad, la insensibilidad social y la pobreza de millones de pobladores (por mencionar solo algunas consecuencias); que causaron cansancio de la gente en el viejo modelo administrativo y político nacional. Ahora, en la realidad que el país debe vivir, comienza un Gobierno diferente, al que muchos colombianos ya han decidido apoyar y animar a fin de que algunas de sus propuestas fijadas en las campañas previas a la elección se cumplan y otras no. Como en todos los gobiernos (eso no será nuevo), con seguridad la sociedad estará a favor y en contra de todo lo que el Primer Mandatario ejecute dentro del cuatrienio para el que fue nombrado.

La ruralidad, tema principal de la reforma agraria integral

Una de las primeras decisiones del presidente Petro Urrego, recibida con agrado y expectativa positiva por la comunidad agroindustrial y rural, fue la designación de la doctora Cecilia López Montaño como ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. El país conoce muy bien a esta líder y analítica de la política económica, una mujer honesta, liberal, independiente, soñadora y muy trabajadora, que durante las recientes décadas se ha dedicado a estudiar de forma seria y minuciosa el acontecer de la economía nacional, con especial énfasis en el desarrollo y la evolución de la ruralidad, donde reposan unos de los mayores patrimonios del país: la producción agropecuaria y alimentaria y la gente campesina proveedora de la comida, de quienes depende la ciudadanía para su subsistencia.

Cecilia López, por su gran respeto al Gobierno que terminó, no ha divulgado en su totalidad el plan de acción que comenzará a ejecutar hacia la transformación de la política agropecuaria y rural del cuatrienio, sin embargo, de manera generosa ha adelantado algunos aspectos básicos en los que su equipo del MADR estará ocupado de ahora en adelante.

Una de sus primeras declaraciones fue comunicar la urgente necesidad de emprender desde el comienzo de su administración la adaptación de las políticas existentes en cuanto a la revolución agraria que este Gobierno implementará mediante una reforma agraria, para lo cual la ministra López Montaño revisará la legislación vigente y tomará lo que es importante para el diseño y construcción de esa gran iniciativa nacional, de igual manera propondrá lo que hace falta implementar y buscará el apoyo institucional y del Congreso de la República para llevar a feliz término lo que será una política de Estado rural que prevalezca en el tiempo.

“Entendemos con claridad que el país tiene desde hace más de tres décadas al sector rural entre las prioridades de su agenda. Requerimos de manera urgente llevar a cabo y poner en ejecución una reforma agraria profunda, en la que los objetivos que plantea el presidente Gustavo Petro pasan por la transformación productiva, que es dejar de depender solamente del sector energético y minero”. En su opinión, hoy en el país (y en el mundo) se le da un mal uso al agua, se ha concentrado la propiedad de la tierra, pero “poseemos la mayor población campesina de América Latina y, a la vez, somos conscientes que no se logra la transformación productiva en Colombia sin pasar primero por el sector agropecuario”.

Ante la polémica por si habrá o no expropiación de predios improductivos y tierras inútiles (ociosas) la ministra López Montaño es clara en afirmar que, en este caso, los propietarios tendrán dos opciones, que son las que ha reiterado el presidente electo y las que más les convienen a los dueños de tierras: O las ponen a producir de manera que le den lo suficiente para pagar unos impuestos altos, o se las vende al Estado. En la política pública de Catastro Multipropósito, aprobada anteriormente, esta labor ya está definida en el artículo 58 de la Ley 9 de 1989 y los artículos 276 y 277 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1.955 de 2019). Es decir, los dueños de las grandes extensiones improductivas “tendrán que pagar un catastro multipropósito que va a ser alto para el que no produce”. Como se sabe, “en Colombia el sector rural no ha pagado impuestos significativos, impuestos de verdad. Entonces, ¿cuáles son las opciones de un productor que tiene una cabeza de ganado (por una o varias hectáreas) en unas tierras tremendamente fértiles? Aquí lo que hemos dicho es que vamos a comprar la tierra que siendo productiva no esté siendo utilizada. El catastro multipropósito va a dar los recursos para comprar esas tierras ociosas”, explicó Cecilia López.        

La ministra de Agricultura, que ya ocupó ese cargo en el Gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), está convencida de que a la ruralidad le llegó la hora de “recibir el pago” que la nación le adeudaba por tenerla sometida al olvido, la desigualdad y la pobreza.  López Montaño anhela que esa reforma agraria, una necesidad histórica que siempre ha sido postergada, se concrete en esta administración y se convierta en una “revolución rural y social” para el Estado colombiano y el comienzo de una transformación y reactivación verdadera del campo, tanto en su infraestructura, sus oportunidades de crecimiento económico y cultural, su formalización catastral de propietarios de tierra, su equidad de género, y lo más importante, la posibilidad de que las familias de los campesinos más pobres mejoren su calidad de vida y se les reconozca su poder y su valor como instrumentos de paz, productores de alimentos y los grandes protagonistas en la generación de riqueza para sus familias y las de las próximas generaciones .

Así como quedó definido en el punto número uno de los acuerdos de paz con las Farc, una reforma agraria equitativa también fortalecerá las mejores relaciones entre el Estado y las comunidades que por diversas circunstancias han estado al margen de la ley, de las posibilidades de trabajo o progreso y solidaridad social de muchos campesinos o de quienes han sido víctimas de expropiación de sus bienes y de la separación de sus familias.

Por todas esas razones, para Cecilia López, asumir como ministra de Agricultura y liderar la concreción de la reforma agraria, mediante el logro de consensos, será uno de sus mayores retos como servidora pública, como defensora del trabajo digno y el respeto por las mujeres, principalmente por quienes como cabeza de familia han sido ignoradas, maltratadas o no se les ha honrado sus labores. Igualmente, como lideresa de una de las carteras ministeriales que ocupa la mayor importancia dentro del Gobierno nacional, la ministra responderá por sacar adelante muchas funciones y estrategias que por política están entrelazadas con la mayoría de los demás ministerios y requieren ejercer una labor de articulación con cientos de instituciones y entes nacionales y territoriales que dependen de la ruralidad colombiana.

Múltiples tareas para llevar a cabo por parte de las entidades adscritas al MADR

El agro es un sector que demanda mayor esfuerzo en su gobernabilidad dado que su desarrollo y progreso depende de muchos factores externos a la propia naturaleza de las actividades rurales (agrícolas, pecuarias, de bosques, páramos y ambientales), como el estado del tiempo, la diversidad de climas, el calentamiento y variabilidad de temperaturas, sequías o exceso de lluvias, la seguridad ciudadana, de los animales y de las cosechas, la infraestructura vial y de transporte, la tecnificación y conectividad, la capacitación de la fuerza laboral, la migración de gente hacia lo urbano, las dificultades económicas y de educación de los productores pequeños, la falta de inversión, las políticas agrarias equivocadas,  etc., que hacen  que en su conjunto el sector agropecuario exija mucho trabajo, altos costos de producción, enormes riesgos para la producción  y bajos retornos en las inversiones.

Observamos las conclusiones del reciente trabajo de empalme gubernamental entre el Gobierno saliente y el entrante del presidente Petro Urrego, en lo referente a temas relacionados con la ruralidad, el agro y lo que será el derrotero de integración y ejecución de políticas que deben continuar y las que se implementarán en este cuatrienio. En el recuadro reseñamos algunos puntos que el equipo de empalme colocó como prioritarios para el MADR, en los que se tendrá que trabajar demasiado para revisar y adaptar la institucionalidad la nueva dinámica rural que el país tendrá.

Las prioridades, según las conclusiones del empalme entre los dos Gobiernos (saliente y entrante) *

Entre los principales puntos para tener en cuenta durante los primeros dos años de administración, el MADR considera que lo básico estaría en trabajar en actividades como:

– Considerar la asignación de recursos para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con diferentes sectores sociales en las movilizaciones. Se deben identificar los compromisos que puedan cumplirse en los primeros 100 días…

– Constituir un grupo inter agencial que permita el ordenamiento de la cooperación técnica internacional, generando de paso mayores impactos y menos atomización de los recursos de este tipo de agencias internacionales.

Desde lo institucional: Revisar y ajustar, de ser del caso, el funcionamiento de las instancias intersectoriales y sectoriales de articulación de la política pública de desarrollo rural. Fortalecer el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Ampliar la participación de la sociedad civil y evaluar la sobrerepresentación gremial en instancias de decisión, así como en consejos o juntas directivas.

Unificar todas las plataformas de información en una sola garantizando su interoperabilidad del Ministerio de las Telecomunicaciones MinTics…

Armonizar la política de restitución de tierras con la reforma rural integral, los PDET, los programas de reparación colectiva, retornos y reubicaciones. Crear una ventanilla especial para la atención preferencial de trámites de restitución…

Para el cambio climático:

Acelerar la formalización, desembolso y ejecución de los siguientes dos proyectos, para que pasen a ser ejecutados por la ADR bajo la orientación del Ministerio de Agricultura.

Iniciativas Climáticamente Inteligentes para la Adaptación al Cambio Climático y la Sostenibilidad en Sistemas Productivos Agropecuarios; Proyecto Biocarbono Orinoquia – Paisajes sostenibles bajos en carbono – tercera fase.

Fomento a la captura de carbono en la agricultura, el sector forestal y cambio de uso de suelo (AFOLU). Desarrollo de las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático del sector, para incorporar este enfoque en los distintos programas y políticas a implementarse.

Revisar la viabilidad de dar continuidad al proceso de reglamentación de la Ley 2169 de acción climática, y a la implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático para el sector.

Derogar el artículo del Plan de Desarrollo actual que crea el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados (CONALDEF). Crear una instancia a nivel de Consejo Nacional para una política integral para la Amazonía y el cambio climático.

Solicitar a los organismos de cooperación internacional que han aportado a la la lucha contra la deforestación cambiar el enfoque de cooperación del netamente militarista y penal, al enfoque de gobernanza ambiental.

Revisar y evaluar los impactos del Conpes 3673 de 2016 sobre la actividad ganadera en el país, con especial énfasis en las unidades productivas donde predomina la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Retomando estos aprendizajes, se recomienda avanzar en la reglamentación e implementación de la Resolución 126 de 2022 del MADR, mediante la cual se adoptan los lineamientos de política de ganadería bovina sostenible.

Asignar recursos para la ejecución y puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Productivo de las cadenas bovinas de carne y leche elaborados por la UPRA. Fortalecer la institucionalidad para la inspección, vigilancia y control del sector primario…

Fortalecer el ordenamiento del territorio en torno al agua, donde se contribuya a los procesos de recuperación, reconocimiento de derechos territoriales de pescadores y aprovechamiento de los recursos pesqueros.

Formular un plan para recuperar los baldíos y bienes de uso público, fortaleciendo la gobernanza público-comunitaria en los terrenos comunales, para lo cual se buscará levantar la información que se requiere y la implementación de los POSPR.

Garantizar el ordenamiento social, productivo y ambiental de la propiedad rural, evitando la expansión indiscriminada de la frontera agraria mediante zonificaciones ambientales participativas.

Formular e implementar el Plan Nacional de Zonas de Reserva Campesina, como figura de reforma agraria incluida en la ley 160 de reforma agraria, con la función de estabilizar la frontera agropecuaria del país.

Iniciar de oficio la constitución de ZRC en las zonas de ampliación.

Evaluar y replantear la figura de contratos de derechos de uso sobre baldíos inadjudicables en especial de aquellos que se encuentran en ZRF tipo B y C, en tanto que, estos contratos no resuelven las problemáticas de uso y tenencia de la tierra de las comunidades campesinas.

Identificar las rutas administrativas al interior de las entidades del sector para el diseño e implementación de Planes de reconversión productiva en las áreas de la frontera agrícola, de acuerdo con los usos alternativos y de conservación que se identifiquen en el marco de las Zonificaciones ambientales participativas del Punto 1.1.10 del Acuerdo de paz.

Avanzar en procesos de titulación a campesinos que se ubican en zonas de colonización en ecosistemas de páramo, precisando en los títulos de propiedad las restricciones de uso condicionados y la obligación de desarrollar formas de agricultura de bajo impacto Ley 1930 de 2018.

Estructurar un Plan Nacional de Agroecología Campesina por parte de la UPRA, Agrosavia y ADR, construido de forma participativa, que impulse: la transición agroecológica; ii) la comercialización rentable de los productos agroecológicos;

iii) el acceso a servicios de extensión agropecuaria con enfoque agroecológico y a tecnologías limpias.

Impulsar la producción de abonos orgánicos a escala industrial a través del engranaje con cadenas pecuarias como la avícola, porcícola y de ganadería de leche.

Revisar la Resolución 187 de 2006 del ICA sobre productos agropecuarios ecológicos, para evitar que se presenten restricciones para la producción de bioinsumos o productos agroecológicos

Robustecer Agrosavia en investigación y creación de reservorios de semillas y germoplasma.

Consolidar a la UPRA como una agencia de análisis de datos y apoyo técnico para la toma de decisiones en los procesos de producción de alimentos. Para ello, la UPRA deberá ampliar los enfoques de análisis, pasando de una analítica de datos dirigida exclusivamente…

Exclusivamente hacia cadenas productivas (commodities), a la inclusión de otras formas de agricultura como la campesina, familiar y comunitaria desde un enfoque territorial, diferencial y étnico.

Mantenimiento de zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades y plagas, a través de la presentación de requerimientos a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para la aftosa, fiebre porcina, newcastle, peste bovina, peste equina, entre otras…

Formular el Programa Nacional de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC), para que sirva de soporte técnico en los componentes de extensión rural, fortalecimiento organizacional y comercial, y empoderamiento del programa de Colombia potencia agroalimentaria.

Identificación de los circuitos cortos de producción y comercialización en municipios PDET y la Colombia rural, para dignificar la economía campesina y las redes de productores de alimentos agrícolas.

Promover el consumo de alimentos frescos y variados, incluso, provenientes de la agroecología, como lo indica el Plato saludable de la Familia Colombiana. Establecer una línea de trabajo orientada a la promoción del consumo  de frutas y verduras en la población.Considerar la propuesta de una reserva de biósfera transfronteriza y un plan de manejo común de aprovechamiento de los recursos pesqueros por parte de las comunidades raizales que signifique un desarrollo social y económico para el contexto local y nacional.

Ejecutar el Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural del Plan Marco de Implementación Acuerdo de Paz (Resolución 2950 de 2020 del MADR), articuladamente con la UAEOS y las demás entidades ejecutoras del Plan.

Reglamentar la Ley 2178 de 2021, de tal manera que se amplíe el alcance de los seguros agropecuarios en materia de coberturas y modalidad de aseguramiento, fortaleciendo esta herramienta de mitigación del riesgo en el sector.

 sector agricultura, siendo una banca de fomento y ampliando su capacidad y cobertura. Se debe priorizar e incentivar el crédito asociativo, para compra de tierras y que su destinación sea efectivamente orientada a actividades agropecuarias.

Condiciones para reorientar el papel de las centrales de abastos hacia la promoción de modelos alternativos de comercialización (Circuitos cortos de comercialización), la regulación de precios y la provisión de logística para la agricultura familiar.

Revisar, fortalecer e implementar la Ley 2046 de 2020para incrementar la participación de organizaciones de base comunitaria en los programas estatales que realicen compras públicas a la ACFC y en futuros espacios de comercialización nacional.

Definir una política pública de comercialización agropecuaria, que retome las cuatro estrategias ensayadas: (a) Compras públicas locales (b) Agricultura por contrato (c) Centrales de abastecimiento y (d) Circuitos cortos de comercialización.

Rediseñar la ADR dando relevancia a los componentes de comercialización, extensión agropecuaria, asociatividad y agregación de valor y reorganizar los programas y proyectos de inversión. Fortalecer las Unidades Técnicas Territoriales (UTT) de la ADR.

Contribuir a la inclusión de jóvenes rurales mediante la generación de condiciones para su permanencia en el campo.

Superar el analfabetismo mediante el acceso al sistema educativo y a bienes públicos productivos y sociales en la ruralidad.

Garantizar el acceso de ex combatientes a tierras aptas para su reincorporación económica y social.

Apoyar la caracterización, impulso y fortalecimiento a las principales líneas productivas agropecuarias adelantadas por la población en proceso de reincorporación.

Garantizar el acceso de la población en proceso de reincorporación a la oferta del sector, en particular el acceso al crédito, la extensión agropecuaria, la innovación tecnológica y el apoyo a la comercialización.

Impulsar las rutas de acceso a tierras con fines de reincorporación, en particular el Programa Especial de adquisición y adjudicación de tierras a personas reincorporadas a la vida civil, a cargo de la ANT y la SAE.

Revisar el cumplimiento de las órdenes  del Auto 859 de 2022 de la Corte Constitucional, de seguimiento al ECI declarado en la sentencia T-025 de 2004, el cual da un plazo de 2 meses para que el Gobierno presente la ficha técnica de tres indicadores complementarios.

Diseñar un plan de atención y respuesta frente a las solicitudes ubicadas en zonas no microfocalizadas. Construcción de ruta de intervención en territorios con riesgo que represente un impedimento importante para avance en la microfocalización.

Promover la etapa 4 del acuerdo 47 de 2019 sobre articulación institucional, específicamente en el cumplimiento de órdenes judiciales con enfoque de género, y se sugiere que los círculos de exigibilidad no sean solo para mujeres restituidas.

Analizar el impacto de la priorización de solicitudes de mujeres y adultos mayores. Crear programas de atención en casos de solicitantes menores de edad, accesibilidad a personas con discapacidad al proceso y caracterización de comunidad LGBTIQ+.

Implementar en la restitución de manera concreta medidas para garantizar la atención preferencial para mujeres, en el trámite administrativo del proceso de restitución, las cuales tengan en cuenta si son madres cabeza de familia con hijos de primera infancia…

construir una ruta de atención a las violencias basadas en género en el marco del proceso; promover acciones que permitan a distintos miembros del núcleo familiar restituido hacer parte activa del diseño y ejecución de los proyectos productivos durante el posfallo.

Fortalecer las relaciones con las organizaciones de mujeres alrededor de la restitución y el acceso a la tierra, lo que permitirá conocer directamente de ellas sus necesidades y las dificultades a atender estas desde las competencias de la URT.

Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la asignación presupuestal de recursos específicos al Consejo Superior de la Judicatura para implementar el Plan de Descongestión en la especialidad de restitución de tierras.

Implementar una política integral para las mujeres rurales, que reconozca su aporte a la economía, la economía del cuidado, sus derechos territoriales y productivos y participación.

Actualizar, reglamentar e implementar la Ley 731 de 2002 para el reconocimiento y garantía de derechos a las mujeres rurales, con los avances normativos relacionados con la economía del cuidado y el rol de las mujeres rurales como cuidadoras en los contextos agropecuarios.

Culminar el trámite administrativo para la adopción de la “Guía para la incorporación del lenguaje inclusivo en el sector” y la “Guía de extensión agropecuaria con enfoque de género”.

Hacer seguimiento a la implementación de la Resolución 4180 de 2018 de la ANT, para la toma de acciones eficaces, que garanticen la participación de las mujeres en los procesos de acceso y formalización de tierras.

Re-enfocar el programa “Somos Campo, Soy Mujer Rural” para incluir a organizaciones pequeñas que no tengan tanta experiencia en ejecución de proyectos y cumplan con los demás criterios de selección.

Priorizar los recursos del sector con cuota diferencial mínima para invertir en el fortalecimiento de los emprendimientos, formas organizativas y capacidades de interlocución de las mujeres rurales para ampliar el acceso a derechos humanos por parte de las mujeres…

para ampliar el acceso a derechos humanos por parte de las mujeres, garantizar su participación efectiva en instancias de toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas para el desarrollo rural.

Asegurar la participación del sector en el Conpes 4080 de 2022 (política pública de equidad de género) para garantizar el reconocimiento y visibilidad de la labor de las mujeres en zonas rurales en los planes, programas y proyectos de las entidades ejecutoras.

Constitución de Zonas de Reserva Campesina y usarlas como herramienta para superar las condiciones de desarrollo desigual del campo, alternativa para asegurar cierre de frontera, la protección de Áreas de Especial Importancia Ambiental (AEIA), la sustitución de cultivos.

Desarrollar políticas afirmativas y participativas que contribuyan a la superación de la desigualdad y garanticen los derechos del campesinado, pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rom.

Adelantar un plan de inversión para la transformación hacia un nuevo modelo de pesca exclusivamente artesanal en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos.

Comprometer la misionalidad del sector para dar cumplimiento a los Puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz, con énfasis en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

Asegurar un aumento sostenido de los recursos de las entidades del sector para atender las iniciativas de los PATR y el cumplimiento de los objetivos de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.

Asumir un liderazgo desde el sector para implementar las iniciativas PDET y los proyectos de sustitución del PNIS. El liderazgo incluye diálogo directo y coordinación de la administración y ejecución de los recursos de cooperación internacional destinados a desarrollo rural.

Construir proyectos de inversión para 2023 y demás. Cumplir los indicadores del Plan Marco de Implementación relacionados con los PDET, Planes Integrales comunitarios y municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo y Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.

Solucionar la informalidad en la propiedad rural

. Aprovechar la priorización que debe tener la intervención en las Zonas de Reserva Campesinas constituidas y las que están en solicitud, para transformarlas en áreas de formalización masiva.

Priorizar franjas territoriales de municipios con alta informalidad ubicados en zonas aledañas a centros urbanos, y aquellos donde se presente mayor concentración de la tierra, en aras de promover la compra directa del latifundio improductivo.

Crear e implementar la jurisdicción agraria, i) gratuidad en los procedimientos; ii) permanencia y descentralización territorial; iii) trato favorable hacia los sujetos vulnerables de la ruralidad; e, iv) interdisciplinariedad al momento de abordar los conflictos agrarios.

Impulsar medidas para atender la fase judicial del procedimiento único del Decreto Ley 902Cumplir el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, en relación con el establecimiento de mecanismos judiciales y extrajudiciales. Fortalecer mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Reorientar el catastro multipropósito en torno al ordenamiento territorial para una reforma agraria en función de la protección de la naturaleza y la vida.

La importancia de la seguridad alimentaria

Recién posesionado el Gobierno de Gustavo Petro, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, se reunió con Mario Lubetkin, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en la que se discutieron varios temas relacionados con el desarrollo agrícola del país y la perspectiva que tiene la entidad multilateral de Colombia, frente a temas tan importantes como la seguridad alimentaria.

Lubetkin, le explicó a la ministra de Agricultura, entre otras cosas, que el panorama regional frente a la problemática alimentaria y sus zonas más críticas no puede considerar a Colombia fuera del contexto regional e internacional, tanto como potencia agroindustrial, como país que puede afectarse por el cambio climático y los conflictos de Europa (Rusia-Ucrani) y Asia (China y Taiwán). “Sacarías una conclusión equivocada. Si vamos a los números, no hay duda qué el factor de la covid-19 y de la guerra de Rusia-Ucrania alteraron notablemente los precios de los alimentos”. Según datos de la FAO, estos inciden en 11 % de los procesos inflacionarios que hay en toda América Latina.

• Análisis del periodista especializado en agroeconomía, Wilson Bonilla, @AgroColombia_ comparte las principales conclusiones logradas en el reciente proceso de Empalme Presidencial, entre el gobierno saliente y el entrante del presidente Gustavo Petro Urrego.