Los productores de arroz de Colombia han logrado avances significativos en modernización tecnológica y productividad con lo que garantizan la seguridad alimentaria. Sin embargo, no perciben voluntad de apoyo gubernamental en momentos de bajos precios como los actuales.

A pesar de múltiples reuniones entre el gobierno y los arroceros para enfrentar problemas de coyuntura en la comercialización, precios, almacenamiento y clima, hasta ahora no se han alcanzado decisiones concretas que dejen satisfechos a los productores del grano. Ahora tomaron la decisión de parar sus actividades y salir a la calle a protestar de manera pacífica hacia la búsqueda de mayor atención por parte del Gobierno nacional, que deberá tomar acciones concretas que les permita a los productores aliviar sus altos costos de producción y nivelar la rentabilidad de sus negocios.

Ante la entrada en paro de los arroceros, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio de la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Xiomara Ortega Trujillo (en la foto), se pronunció al respecto con el siguiente argumento: “Como parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura ha emprendido una ruta nacional y unas rutas territoriales para estar a la altura de los diálogos que se han tenido con todos los eslabones de la cadena del arroz”.

“Invitamos a los productores y productoras de arroz del Tolima, Huila y Meta que producen arroz mediante el sistema de riego a que se vinculen a la caracterización que en este momento se está realizando con el apoyo de las Secretarías de Agricultura de los municipios y de las gobernaciones respectivas”.

“Esperamos que con este instrumento podamos realmente activar apoyos para los productores y seguir apostándole a esta línea productiva tan importante para las regiones y para el país”.

Según la Federación Colombiana de Arroceros –Fedearroz–, las inversiones en infraestructura (plantas) de almacenamiento han sido esenciales para ofrecer un cereal de calidad, pero las decisiones del Gobierno de posponer el incentivo de almacenamiento impiden a los arroceros equilibrar la oferta y asegurar precios estables, con lo que se presentan distorsiones entre la producción y la distribución del cereal.

Los productores, representados por Fedearroz, afirman ser competitivos al punto de generar una oferta exportable, con rendimientos superiores a cinco toneladas por hectárea (alcanzando hasta nueve o más toneladas en regiones como Huila y la Meseta de Ibagué), gracias a la implementación de la tecnología AMTEC. Los propios productores argumentan que quienes hablan de una producción promedio de dos toneladas por hectárea parecen reflejar un desconocimiento del sector.

En opinion de Rafael Hernández Lozano (en la foto se dirige a sus afiliados), gerente general de Fedearroz, el gremio arrocero se esfuerza por optimizar siembras, reducir costos de producción y hacer una agricultura eficiente y amigable con el medioambiente y la biodiversidad. Sin embargo, no han recibido respuestas positivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR–, ante necesidades concretas como la renovación del apoyo estatal mediante el incentivo al almacenamiento del arroz, que se considera necesario para enfrentar problemas del abastecimiento masivo que se presenta al final de las cosechas y que se hace necesario para guardar el producto para épocas de reducción de la producción.

Una de esas decisiones que esperan del Gobierno nacional consiste en la activación del incentivo al almacenamiento, representado en la ayuda que el Estado les otorga a los agricultores para que puedan manejar mejor sus inventarios de arroz (almacenarlo) y evitar los excesos en la oferta del producto, que se incrementa al final de las cosechas y que al causar sobreofertas hace que los precios se reducan de manera sustancial, ocasionando perjuicios a los productores con precios por carga que muchas veces son inferiores a los mismos costos de producción,

Se requiere diálogo constructivo y acuerdos (concertación) que beneficien la cadena agroindustrial

En una reciente reunión en El Espinal, Tolima, Fedearroz y el Gobierno nacional, representado por el MADR, no lograron acuerdos para conseguir el apoyo gubernamental, por lo que el incentivo al almacenamiento sigue sin reactivarse, profundizando una crisis para los agricultores que podría llevar a la bancarrota a los miles inversionistas de esta actividad campesina.

De todas maneras, los productores pequeños, medianos y grandes esperan que el gobierno logre documentarse de la mejor manera, actualice las cifras de productividad y atienda las necesidades de los cultivadores e industriales, que es determinante debido a que, si los industriales o dueños de los grandes molinos no aceptan el dinero del incentivo, no hay problema para esas empresas molineras por tratarse de estructuras sólidas financieramente, pero si se afectan en mayor medida los más pequeños.

En ese entorno, el agricultor pequeño, el productor primario siempre lleva las de perder porque trabaja muy duro en medio de cualquier escenario para que de manera increíble le impongan precios bajos, un tema que muy detalladamente debe revisar el gobierno con el Ministerio de Agricultura, pues no se deben confundir las necesidades apremiantes de coyunturas de precios bajos del arroz, sino las necesidades propias por regiones, que son bien diferentes entre agricultores y los molineros, quienes ven (estos últimos) mejor negocio cuando se importa cereal o se compra a bajo precio.

Reuniones regionales

Rafael Hernández Lozano, gerente general de Fedearroz, durante las recientes reuniones del gremio con el Gobierno, que se cumplieron en las instalaciones de Fedearroz en Villavicencio y El Espinal, reiteró su vehemente llamado a la industria a fin de llegar a un acuerdo que mejore el precio del arroz paddy, que se paga a los productores arroceros.

Por ejemplo, en el evento del El Espinal estuvo la viceministra de Asuntos Agropecuarios del MADR, Geidy Xiomara Ortega Trujillo, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, los secretarios de Agricultura del Tolima, Huila y Meta, y más de 400 productores del grano de los departamentos de Tolima y Huila, quienes han solicitado medidas del gobierno nacional ante las pérdidas que vienen padeciendo, por los bajos precios a los que se paga la cosecha.

En vista de que no se lograron acuerdos definitivos para solucionar la crisis (en ninguno de los recientes encuentros), Hernández Lozano recordó que ante la importancia del sector arrocero, es urgente tomar acciones que permitan salvar la generación de empleos y buena parte de la soberanía alimentaria nacional, que estará en peligro de continuar esta interinidad en las decisiones.

A la reunión de El Espinal también se unió virtualmente la ministra de agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas, así como el viceministro de Comercio, Luis Felipe Quintero Suárez, quienes confirmaron que el Gobierno está trabajando en medidas de defensa comercial, para reducir las importaciones y controlar el contrabando, así como para buscar mercados de exportación para el arroz colombiano, de conformidad con lo que ha venido pidiendo Fedearroz en los últimos meses. Para el gremio arrocero estas respuestas no fueron satisfactorias pues no están acompañadas de acciones vehementes que solucionen la problemática.

De esa reunión de El Espinal, Agricultura de las Américas conoció diversas inquietudes y maneras de ver la situación de los agricultores, con las voces de los productores de arroz, advirtiendo que en el agro todos los actores son importantes pues no es inteligente categorizarlos, los pequeños y medianos suman trascendentalmente, pero los grandes son quienes más producen y garantizan el abastecimiento y todos hacen parte de una cadena agroalimentaria, como vital estrategia para la seguridad alimentaria.

Por ejemplo, el presidente del Comité de Arroceros de Ibagué, Gabriel Márquez Cifuentes, afirmó que, “la situación del arrocero hoy es sumamente difícil por lo que se espera que sea algo coyuntural y momentáneo que se pueda solucionar más adelante, ya que cuando existen algunos excedentes de inventario en arroz ya cosechado (como ahora) que está por entrar a trilla, esta situación genera sobresaltos entre oferta y demanda; inconveniente al que se suma la determinación del gobierno de quitarles a los agricultores el subsidio al almacenamiento, importante para sortear las crisis que hoy experimenta el sector, un lío de veinte años que siempre fue sorteado de esa manera”.

En su opinión, “al hacer ese recorte o sustraer el incentivo al almacenamiento, que verdaderamente no era para el agricultor sino para la industria, esta decidió bajar el precio para soportar el costo del arroz que compraron o importaron”, dijo Márquez Cifuentes.

En la actualidad, algunos agricultores están en dificultades financieras porque si el precio sigue bajo no habría forma de recuperar las inversiones, ni pagar los préstamos bancarios hechos para las siembras. Hoy hay varios que hablan de medidas tan fuertes que pueden poner en riesgo sus propiedades y atentar contra su patrimonio.

Según el empresario, los arroceros tienen un problema y es que en medio de la adversidad dicen que, en la próxima cosecha, dependiendo del clima podrá ser mejor la cosecha, lo que aumentaría la oferta y bajaría más el precio, por eso con la reducción de precios actuales, van a tener que salir muchos del mercado como agricultores tradicionales. Y allí lo crítico sería que en las tierras que quedan libres posiblemente lleguen otros inversionistas que las arrendarán para probarse en ese negocio, deteriorando en gran medida la tradición ortodoxa de los cultivadores de la región.

El productor arrocero precisó enfáticamente que los arroceros deben tener básicamente disciplina y ordenamiento de la producción pues son agricultores de toda la vida, arroceros que se han sostenido por generaciones los cuales han adquirido equipos y maquinaria expresamente para el arroz, luego si hay unas inversiones en bienes de capital para dejarlas inmóviles porque no hubo un buen momento, algunos piensan que en la próxima vendrá la revancha, pero no siempre es así.

Seguramente, aclaró, vendrán algunos cambios, pero sin que ello implique que se baje sustancialmente el área sembrada porque entrarían bajo la figura de arrendamiento nuevos agricultores a sembrar.

Aseguró que una cosa es la situación de los cultivadores que deben pasar grandes dificultades y desafíos para obtener sus cosechas y otra la de la industria, en este caso los molinos que hacen parte de una industria privada la cual lucha por tener utilidades más no por defender a los agricultores, algo que ha demostrado el conjunto de empresarios dedicados a moler y empacar arroz ya que es visible que el agricultor les importa muy poquito pues en esa carrera por reportar ganancias necesitan comprar barata su materia prima aún con el sacrificio de los plantadores que están dejando en la quiebra.

El momento es muy complejo, el precio del arroz se desplomó y las cifras así lo muestran pues el precio pasó de $ 210.000 a $170.000 la carga de 125 kilos, una merma muy grande cuando un lote puede producir 50 o 60 cargas, un número muy grande en dinero que no está entrando al bolsillo de quien se parte el lomo a sol y agua sembrando el cereal. Las cuentas hechas a mano alzada muestran el deterioro puesto que a la fecha los productores hablan de $40.000 por 50 cargas que equivalen a dos millones de pesos los cuales al multiplicarse por diez hectáreas cultivadas deja como pérdida $20 millones lo cual sumado por dos veces al año son $40 millones, que a los arroceros les cuesta mucho trabajo tener en su bolsillo.

El agricultor expuso que el exceso de áreas sembradas está en los Llanos Orientales, más exactamente en el Casanare, sin embargo se le hizo una pregunta a la industria la cual no ha dado una respuesta clara o concreta en el sentido de reducir el precio al departamento que esté disparado en siembras para desincentivar el cultivo en Casanare, pero deploró que el error de una región se la cobran a todo el país que terminó pagando un sobreabundancia de siembras en la tierra de “Trabajo y Libertad” o en la llanura colombiana, una situación que no se ha podido entender, una inquietud formulada que no ha sido sujeto de contestación pues lo consecuente es bajar los precios en las zonas con sobreproducción.

Sobre el tema apuntó que hay sitios como la Meseta de Ibagué, algunas partes del Huila y el norte del Tolima que tienen distritos de riego y el agua controlada lo que hace muy difícil aumentar el área por las limitaciones hídricas, una situación que sí puede hacerse en Casanare, luego castigar a la zona centro del país por un incremento de áreas sembradas que no son de la zona central, afectan injustamente a todo el mundo, las medidas, acentuó, deben tomarse en regiones con desmedido crecimiento del área de siembra, como sucede en los llanos.

Ante todas estas circunstancias los agricultores dicen que no hay acción directa del gobierno por ayudar a los productores que hacen la tarea al derecho. En opinión de Márquez Cifuentes, el Gobierno no se preocupa por el empresario, no le gusta quien fomenta industria y prefiere los campesinos más vulnerables y cargados de problemas, esos que tienen que mirar al mandato para pedirle, pero ese agente que está generando impuestos, negocios, empleo y riqueza no es objetivo del gobierno para estímulos o respaldos.

“En mi opinión lo que quiere el gobierno es tener un mundo de personas que esté mirando para arriba esperando que le den algún subsidio, una cuota, un mercado o ayuda en plata porque son individuos que dependen del estamento y por eso la tienen ahí todo el día, pero no ha habido una posición clara de apoyo ni al agricultor ni a la industria”, expresó el presidente del Comités de Arroceros de Ibagué.

Para muchos lo ideal es salir de la línea del pesar y la consideración para impulsar una agricultura moderna, innovadora y con mejores rendimientos en donde haya espacio de crecimiento para todos pues finalmente todos de manera proporcional recibirán unos ingresos de acuerdo con la inversión y a las áreas cultivadas responsablemente, atendiendo las indicaciones del gremio arrocero. El tema pasa por apostar en los renglones agropecuarios para impulsar la equidad y la calidad de vida pues al final del día y no hace falta ser muy listo para deducirlo, el mejor subsidio es un empleo toda vez que dignifica, lleva pan a la mesa y evita una fuga de recursos que terminan patrocinando la pereza o los vicios, dinero estéril y echado a perder.

Gabriel Márquez recalcó que Colombia no necesita más subsidios o regalos de dinero, sino condiciones para generar nuevos puestos de trabajo, lo que beneficiaría a las familias honestas y responsables. Señaló que los empresarios están esperando que esto ocurra, pero no se observa la intención de que suceda.

En las zonas arroceras, como Tolima y los Llanos, se ha notado una gran inversión en infraestructuras, desde ensilaje hasta molino y empaque. Estas empresas sólidas y confiables demuestran que cuando se quiere, se puede. Sin embargo, el agricultor destacó que esta infraestructura solo representa el 3-3.5% del mercado nacional, mientras que el 96% está en manos de la industria privada, lo que complica la situación. Fedearroz, con su infraestructura, no interviene en más del 3.5%, lo cual es insuficiente para competir con volúmenes grandes.

El arrocero insistió en que el gobierno debe regular y apoyar a quienes trabajan en el campo, comercializan, exportan y procesan la materia prima, agregando valor y despachando productos a los mercados internacionales.

Exportar arroz es viable

Gabriel Márquez Cifuentes, presidente del Comité de Arroceros de Ibagué, afirmó que Colombia está en condiciones de exportar arroz. El problema no es la falta de excedentes, sino la falta de mercado para ellos. Si los agricultores pudieran hacer negocios internacionales con mercados seguros, sembrarían lo necesario para cubrir esos compromisos y gestionar los excedentes en el mercado local.

Márquez aboga por una figura similar al antiguo Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) para manejar los excedentes. IDEMA compraba toneladas de arroz para liberar en caso de déficit, asegurando el abastecimiento. Propone que el Estado intervenga comercialmente para regular la oferta y demanda, como ocurre en otros países.

Colombia tiene suficiente arroz para exportar, con nueve o diez denominaciones de origen, incluida una de Ibagué. Sin embargo, Márquez señala la falta de apoyo y facilidades para iniciar exportaciones. Es crucial contar con el respaldo del Estado y acceso a exenciones para facilitar la llegada a los mercados internacionales.

Comercio de arroz y apoyo estatal

Según las últimas averiguaciones, importar arroz en barco desde Rusia a Buenaventura resulta más barato que transportarlo de Buenaventura a Espinal. Esto demuestra una mala situación para el comercio de arroz, ya que los costos entre El Espinal y Buenaventura son elevados. Para mejorar, se necesita apoyo estatal para poner el arroz en los puertos y exportarlo, ya que las tarifas y obligaciones actuales dificultan a los exportadores privados.

Gabriel Márquez Cifuentes subrayó que, con apoyo estatal, muchos arroceros estarían dispuestos a exportar. El arroz nacional tiene mercado debido a sus condiciones ideales y su calidad nutricional superior, como el arroz de la Meseta de Ibagué. Sin embargo, para exportar, se necesita la colaboración del gobierno.

En medio de incertidumbres geopolíticas, aranceles al alza y guerra comercial, lo ideal sería sembrar al menos lo necesario para el consumo nacional. Lamentablemente, el gobierno no está enfocado en la agricultura. Márquez Cifuentes señaló que, mientras hay niños con hambre, el presidente piensa en construir hospitales en otros países. Para salir adelante, se necesitan condiciones adecuadas y acompañamiento, priorizando el país.

El descontento de los arroceros

Franklin Cruz Lozano, agricultor de Armero-Guayabal, expresó que los precios actuales del arroz son alarmantemente bajos, perjudicando a quienes apostaron por este cultivo. Aunque se cuenta con la cuota de fomento arrocero y los avances del AMTEC, muchos agricultores están al borde de la ruina.

El gobierno prometió revisar el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, pero no lo ha hecho. Los cultivadores esperaban que el presidente Donald Trump aumentara los aranceles para romper relaciones y salvar la agricultura colombiana, ya que el TLC ha beneficiado más a los productores estadounidenses, incluyendo el arroz.

Cruz Lozano destacó que el libre comercio con México y Canadá es un recuerdo, ya que las medidas arancelarias unilaterales de Estados Unidos han afectado la globalización. Si esto empeora, la molinería se verá afectada por la falta de materia prima para producir arroz blanco.

Otro problema es el contrabando. Mientras los molinos reportan la entrada de 10,000 toneladas de arroz, es posible que ingresen hasta 100,000 toneladas, lo que requiere una auditoría para verificar los inventarios de las molineras. Según Cruz Lozano, los molinos están vacíos, pero los industriales insisten en un superávit de arroz, lo que justifica la reducción del precio del arroz paddy.

Franklin Cruz Lozano, agricultor de Armero-Guayabal, afirmó que las reuniones con el gobierno han sido en vano, ya que no se han tomado decisiones para evitar la quiebra de muchos agricultores debido a los bajos precios del arroz. Los arroceros están cansados de las reuniones y han considerado medidas como un paro arrocero porque las políticas actuales no benefician a quienes cultivan.

Cruz Lozano subrayó la importancia de valorar a los agricultores, quienes producen la comida y no deberían ir a la quiebra. También cuestionó por qué los molineros apoyan a los productores de arroz en Estados Unidos con ayudas y subsidios, mientras que los agricultores nacionales enfrentan la bancarrota. Prefieren importar arroz en lugar de respaldar la producción local, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria.

Arroceros en alerta

Los arroceros están en un abismo económico, ya que no se han materializado las ayudas prometidas para el sector agropecuario, que sigue enfrentando crisis. Los labriegos se sienten abandonados por el gobierno y lamentan la falta de beneficios para los agricultores de arroz y maíz, que también enfrentan dificultades.

En su visita a El Espinal, los arroceros demandaron acciones concretas para apoyar la ruralidad que sustenta la cadena alimentaria. Recordaron cómo la apertura económica de los años 90 llevó a la ruina al campo y cómo se necesita una inversión significativa para reanimarlo y garantizar la seguridad alimentaria.

La situación de los arroceros y el Incentivo al Almacenamiento

José Antonio Carrillo Rubio, un arrocero de tercera generación, comentó que, aunque el Incentivo al Almacenamiento es bajo, ayuda mucho al agricultor. Sin embargo, lamenta que actualmente no se cuente con este apoyo, lo que ha puesto a los arroceros al borde de una catástrofe. Algunos consideran no sembrar, ya que la producción actual se está realizando con pérdidas.

Carrillo Rubio opinó que Fedearroz, que agrupa a los productores, debería fijar el precio del arroz, no los molineros. Este precio debe ser resultado de un análisis que determine hasta dónde puede llegar, y el gobierno debe basarse en lo que diga Fedearroz, similar a lo que se hace con los cafeteros.

Durante las reuniones arroceras, se observan caras largas y mucha preocupación. Carrillo Rubio mencionó que algunos plantadores se sienten amenazados por la situación y al borde del colapso. La prioridad no es ganar mucho, sino evitar las pérdidas y obtener una utilidad para poder seguir adelante. Aunque hay trabajo por hacer para mejorar, la tecnología ha ayudado, pero se necesitan más técnicos en las fincas para supervisar la producción.

Carrillo Rubio destacó que el sector trabaja y cumple, pero enfrenta momentos difíciles que impactan los precios. Los insumos cada día más caros, la mano de obra onerosa y una canasta agrícola imposible afectan negativamente el índice de ganancia. Este indicador hoy reporta grandes pérdidas, razón por la cual varios productores consideran interrumpir las siembras.

Carrillo Rubio mencionó que le han pagado $185.000 por carga de arroz, cuando meses atrás se les remuneraba a $230.000. Este golpe duro, sumado al encarecimiento de todo, hace más complicado seguir con los cultivos del alimento infaltable en la canasta familiar.

Situación crítica de los arroceros

Cesar Augusto Saavedra Manrique, agricultor de El Espinal, Tolima, comentó que la situación de los arroceros es extremadamente compleja, con el sector nacional al borde de la quiebra. Después de 30 años, el gobierno actual decidió no otorgar el Incentivo al Almacenamiento, un mecanismo que ayudaba a los agricultores a financiarse y apalancar costos guardando su producto.

Denunció que la industria ha reducido unilateralmente los precios, llevando al sector arrocero a la quiebra. Las empresas molineras prefieren importar arroz de bajo costo, a pesar de conocer los costos de producción y las dificultades de los agricultores. Además, bajan el precio de la carga de arroz, afectando las expectativas de rentabilidad y ganancia de los productores.

Saavedra Manrique explicó que los agricultores tradicionales, con décadas de experiencia y equipos antiguos, se enfrentan a una situación insostenible. Cambiar de actividad es complicado debido a la infraestructura y experiencia específica para los arrozales.

La falta de apoyo de la industria y las amenazas del cambio climático han dejado a la seguridad alimentaria de Colombia en peligro. A pesar de las buenas intenciones de los funcionarios, no se han concretado soluciones en las reuniones con el gobierno. Los agricultores solo claman por un precio justo para sus cosechas.

Saavedra Manrique señaló que, a pesar de reuniones con la Superintendencia, industriales y mandatarios departamentales, no se ha encontrado una solución. En una reciente reunión en Casanare, de más de 10 horas, tampoco se lograron avances.

CNA insiste en la imperiosa necesidad de racionalizar las áreas de siembra de arroz

Estas son las conclusiones de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Arroz. En este espacio se debatieron y aprobaron propuestas para la planificación del sector arrocero, y se abordó la situación actual de la cadena.

En la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Arroz, órgano consultivo del Gobierno con delegados de Fedearroz, Induarroz, Femoarroz, dignidades agropecuarias, núcleos arroceros de Norte de Santander, Huila, Tolima, Meta y Norte, MinComercio, MinHacienda y Bolsa Mercantil de Colombia, se emitieron las siguientes decisiones:

Con base en la información presentada por el Comité de Estadística del Arroz, se solicitó de manera unánime informar a todos los agricultores del cereal sobre la imperiosa necesidad de racionalizar las áreas de siembra para el primer semestre de 2025, a fin de organizar la producción de arroz de acuerdo con la proyección del consumo nacional.

Asimismo, con el propósito de hacer seguimiento periódico al comportamiento del sector arrocero, se realizarán sesiones mensuales del Comité de Estadística para analizar las cifras que servirán de insumo para la toma de decisiones de política pública con la misma periodicidad.

Se acordó que las rutas activas para atender la situación de la cadena del arroz deben ceñirse a una estrategia diferenciada que responda a las necesidades de las regiones según sus particularidades. Estas líneas de acción abarcan la planificación de siembras (racionalización), financiamiento, manejo de distritos de riego, controles fitosanitarios e implementación del uso de semilla certificada.

Además, se propuso activar de manera inmediata una ruta articulada entre todos los actores de la cadena para atender a los productores de arroz de riego del país afectados por la coyuntura actual de comercialización. Se realizará una caracterización que permita determinar el tipo de productores y los volúmenes producidos para activar mecanismos de respuesta.

También se acordó la necesidad de destacar y promocionar el uso de los laboratorios de calidad de arroz disponibles en todo el país. Estos laboratorios, financiados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y administrados por la Bolsa Mercantil de Colombia, están a disposición de todos los productores del subsector sin ningún costo. Su función principal es determinar el momento óptimo de corte de la cosecha y conocer la calidad general del producto antes de su comercialización.

En el Consejo también se reconoció que las mesas de trabajo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha convocado son espacios constructivos que han recogido todas las voces y respetado todas las instancias consultivas de la cadena. De igual forma, continuará dinamizando las mesas técnicas de competitividad para avanzar en la implementación del Plan de Ordenamiento del Arroz.

Los miembros del Consejo reiteran su compromiso de utilizar las vías institucionales para el diálogo con los actores de la cadena y el Gobierno Nacional.

Minagricultura convoca a todos los actores de la cadena a trabajar de forma conjunta en la competitividad, a revisar las áreas de aptitud y vocación para la producción, a aprovechar los mecanismos impulsados por el Gobierno del Cambio que pueden impactar en los costos de producción como el agua y la reducción de aranceles, el crédito de fomento agropecuario y a revisar la adecuada gestión de los distritos de riego, conforme al plan de producción que a ellos corresponde y las relaciones de tenencia.