El Gobierno de Colombia fortaleció el Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”, a fin de ayudar a los damnificados por efectos de la pandemia del coronavirus.
El Fondo Nacional de Garantías respaldará el acceso a créditos para nóminas y capital de trabajo de las Pymes y de los profesionales o trabajadores independientes.
Teniendo en cuenta que en las últimas semanas los ingresos de las empresas se han visto reducidos como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19, el Gobierno nacional, por intermedio del Fondo Nacional de Garantías –FNG S.A. –, respaldará los créditos que las Pequeñas y Medianas Empresas Pymes adquieran con el sistema financiero para el pago de sus nóminas y capital de trabajo. Además, ofrecerá una garantía para los trabajadores independientes.
De esta manera, el FNG facilitará el acceso al crédito para los empresarios con el fin de proteger el empleo de los colombianos, a través de una garantía que respalda en un 90 % los créditos para el pago de nóminas, anunció el presidente de la entidad, Juan Carlos Durán, quien señaló que por esta razón se fortaleció el Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”.
Explicó que la coyuntura actual ha tenido un efecto adverso en las empresas y que, por tanto, existen dificultades para recibir nuevos créditos. El FNG había expedido una línea de garantía con cobertura del 60 %, la cual será reemplazada por nuevas coberturas del 90 % y del 80 % buscando incentivar aún más el acceso al financiamiento de las empresas.
El presidente del FNG, Juan Carlos Durán Echeverry, precisó que, en adición a las nóminas, las empresas están requiriendo capital de trabajo para atender otros gastos inherentes a su funcionamiento como arrendamientos, servicios públicos y pago de proveedores, entre otros. Además, señaló que se pensó en los trabajadores independientes, quienes atraviesan dificultades de acceso al financiamiento para sus gastos familiares o de su negocio en esta etapa de no generación de ingresos, por lo cual se definieron las siguientes tres líneas:
1. Garantía para Pago de Nóminas: se ha dispuesto un cupo para esta garantía por valor de $12 billones de pesos. Esta garantía tendrá una cobertura del 90 % y respaldará los desembolsos que efectúen las entidades financieras para financiar el valor de las nóminas mensuales, hasta por un total $2.000 millones por empresa. El plazo podrá ser hasta de 36 meses y con un periodo de gracia mínimo de seis meses.
2. Garantía para Capital de Trabajo: se ha dispuesto un cupo para esta garantía por valor de $3 billones. El monto que se garantizará de esta línea será hasta de $2.400 millones por empresa, con una cobertura del 80 %, un plazo hasta de 36 meses y un periodo de gracia mínimo de cuatro meses.
Las dos líneas de garantías anteriores están dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas con ventas de hasta $51.951 millones, de todos los sectores de la economía.
3. Garantía para Trabajadores Independientes: el Gobierno Nacional encontró que las personas que son trabajadores independientes de diversas profesiones u oficios (por ejemplo, odontólogos, artistas, contadores, peluqueros, zapateros, sastres, entre otros) dejaron de tener ingresos por la cuarentena obligatoria decretada en el país y, por tanto, esto genera grandes dificultades de acceso a financiamiento para atender sus gastos básicos en esta etapa de no generación de ventas.
Por lo anterior, se ha dispuesto una línea de garantía por un valor de $1 billón de pesos, que les permitirá a los profesionales o trabajadores independientes acceder a créditos garantizados hasta 25 salarios mínimos ante los intermediarios financieros tradicionales y hasta $4,5 millones a través de las fintech. Estos créditos tendrán plazos variables que irán hasta 24 meses con un mínimo de tres meses de gracia.
Es de resaltar que el valor de las comisiones que el FNG cobra por la emisión de todas las garantías aquí anunciadas será asumido en su mayor parte (75 %) por el Gobierno Nacional con el fin de aliviar la carga financiera de las empresas. Igualmente se han previsto mecanismos para que las entidades financieras difieran el pago del 25% que queda a cargo del empresario.
