Colombia rechaza informe de la Organización para la Agricultura y la Alimentación –FAO–, agencia especializada de las Naciones Unidas, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), acerca del panorama actual de la seguridad alimentaria de la región y los riesgos futuros que tendría el país de caer en una aguda “inseguridad alimentaria”, debido a problemas internos por los que supuestamente atraviesa la nación de América del Sur.
Según el informe publicado el pasado 29 de enero de 2022 en el diario El Tiempo de Colombia, “La inseguridad alimentaria amenaza a Colombia”… En este link se podrá leer el documento.
A continuación, publicamos la respuesta del Gobierno de Colombia a dicho informe de la FAO y el PMA, por intermedio de la vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores del país, Martha Lucía Ramírez de Rincón:
Bogotá, 30 de enero de 2022
A los Excelentísimos señores
QU DONGYU
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
DAVID BEASLEY
Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Roma, Italia
Señores Representantes:
De manera atenta, y en referencia al documento titulado “Hunger Hotspots FAO-WFP early warnings on acute food insecurity”, que se publicó el pasado 26 de enero del año en curso, y cuya autoría es tanto de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) como del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en nombre del Gobierno de Colombia, me permito manifestar nuestro rechazo ante esta publicación que carece del soporte fáctico, definición metodológica y claridad en las fuentes que le den validez y credibilidad. En efecto, los contenidos en los que se menciona la situación de seguridad alimentaria en la República de Colombia no corresponden a la realidad nacional.
“Habiendo probado suficientemente el desfase que existe entre los hallazgos del informe publicado por la FAO y la información oficial con la que cuenta el Gobierno Nacional, confiamos en que sea atendida la solicitud razonable de retirar a Colombia de dicho informe de alertas y sea rectificada la información a la mayor brevedad posible”, Martha Lucía Ramírez.
Es inaceptable que el texto (que el mismo informe señala fue construido, entre otros, por las oficinas país de PMA y FAO) no se haya socializado con el Gobierno de Colombia y, al parecer, tampoco con las oficinas de sus agencias en nuestro país. Como es la práctica internacional, la discusión abierta de los informes de estas agencias con el Gobierno Nacional permite retroalimentar y complementar la información, para que lo que allí se refleje, reconozca de la manera más fiel y veraz la situación nacional, atendiendo a las realidades, capacidades y avances de política pública para construir con fundamentos objetivos la prospectiva a divulgar. Lo contrario, significa un ejercicio de futurismo especulativo que desconoce logros evidentes que han dado lugar al reconocimiento de Colombia por destacados organismos internacionales y agencias del mismo sistema de Naciones Unidas, incluida la propia FAO[1].
Teniendo en cuenta que la información plasmada en este documento no refleja la realidad por la que actualmente atraviesa Colombia, mucho sabremos agradecer que se excluya al país del informe y se realice una rectificación que reconozca las serias políticas públicas implementadas por una institucionalidad robusta a nivel nacional y territorial. Con el informe publicado se desconocen los avances nacionales alcanzados por nuestro país a pesar de los enormes desafíos relacionados con la pandemia y al manejo integral, humanitario y generoso que hemos dado a la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos, distorsionando en el contexto nacional e internacional los esfuerzos colectivos realizados por Colombia.
Es evidente que Colombia cuenta con programas sociales que buscan preservar la seguridad alimentaria de los colombianos tales como Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor, Devolución del IVA, entre otros, pero además tiene una política agrícola y de desarrollo rural con instrumentos de financiación, asistencia técnica y desarrollo de cadenas de valor agregado que justamente se han fortaleciendo durante este gobierno, precisamente para asegurar el aumento en la producción de alimentos logrando resultados muy superiores a varios países de la región.
No obstante los esfuerzos del gobierno y del sector productivo para contribuir a la seguridad alimentaria por el lado de la oferta, es claro que nuestro país, al igual que la gran mayoría de países, vio aumentar los niveles de pobreza y de pobreza extrema como consecuencia del Covid-19, el confinamiento y el retroceso económico durante el año 2020 y, precisamente, por ello hemos dado toda la prioridad a lograr una tasa de crecimiento extraordinaria del PIB 9.7% en el 2021, haciendo énfasis en la generación de empleos, pues sabemos que la política social más efectiva es aquella orientada a aumentar la capacidad adquisitiva de las personas más pobres y vulnerables, lo cual se ha venido logrando durante los últimos 13 meses gracias a los nuevos empleos y la combinación con los programas sociales que fortalecimos desde el momento mismo en que inicio la pandemia.
Es francamente curioso que a pesar de los logros evidentes de Colombia en este sentido, nuestro país aparezca relacionado en ese informe sobre problemas agudos de inseguridad alimentaria, en claro contraste con el curioso silencio respecto de otros países de la región de los cuales se conoce suficientemente su precariedad institucional, la falta de estímulo a la inversión privada de industrias de alimentos, la falta de transparencia sobre las cifras y, curiosamente, ninguno de esos países aparece señalado en el reporte.
El mapa crítico que señala en Latinoamérica y el Caribe, exclusivamente, a Colombia, Honduras y a Haití como las tres únicas alertas ciertas para la seguridad alimentaria, no hace justicia a la realidad de nuestro país, sino que es a todas luces un mensaje equivocado —que puede ser engañosamente utilizado en época preelectoral—, y que erróneamente pone en mejor posición a países que no solo están en una situación crítica de producción de alimentos, sino que viven una verdadera tragedia humanitaria por las múltiples carencias en necesidades básicas insatisfechas.
Es increíble que, precisamente, países que se caracterizan entre otras cosas por su opacidad en las cifras y por no cooperar con el Sistema de Naciones Unidas, resulten mejor librados que Colombia en este informe. Peor aún, un informe tan cuestionable desde el punto de vista metodológico —en la medida en que desconoce la información esencial que debió tener en cuenta e incluso el trabajo interinstitucional desplegado en forma permanente por nuestro país en alianza con las Naciones Unidas—, no sólo crea un manto de duda sobre la necesidad, objetividad y eficacia de tal cooperación internacional, sino que pareciera buscar un pánico injustificado de escasez alimentaria en nuestra población.
Como demostración de lo afirmado, a continuación, se resumen los distintos aspectos fundamentales que evidencian el grave desconocimiento de la realidad del país del que parte el informe, así como la supervisión rigurosa que las entidades nacionales realizan sobre esta materia y que demuestran lo contrario a esas afirmaciones. Colombia ha desarrollado una estrategia integral frente a la agenda 2030 y el ODS2, por lo cual la agenda del agro y la seguridad alimentaria han sido el objetivo fundamental del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, en esta materia, ha trabajado en coordinación con la política de Paz con Legalidad, la agenda nacional de seguridad alimentaria y nutrición, los programas de transferencias monetarias que han llegado a más de 10 millones de hogares, la atención de la crisis migratoria venezolana y la protección del derecho a la alimentación, así como la recuperación económica de Colombia en el contexto regional.
La agenda del agro y la seguridad alimentaria en relación con la Política de Paz con Legalidad y el ODS2
Colombia es uno de los pocos países en el mundo que ha presentado voluntariamente informe ante las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en tres ocasiones. La última participación se dio en el año 2021, en la cual se detallaron los progresos nacionales en la implementación de la Agenda 2030, evidenciando los progresos nacionales frente a las ediciones previas (2016 y 2018), y dándole especial énfasis a cómo los ODS se han integrado progresivamente en la política de desarrollo nacional, haciendo de la misma una verdadera política de Estado.
Por lo anterior, Colombia ha sido reconocido como un país que ha dado pasos firmes en materia de desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza y pobreza extrema, cobertura en educación y sistema general de seguridad social, así como en la reducción en la tasa de homicidios en los últimos 20 años, como se señala en el Plan Estratégico País del PMA (2021 – 2024) suscrito con la Agencia y aprobado en el marco de la Junta Ejecutiva celebrada en 2021.
La FAO y el Programa Mundial de Alimentos han sido aliados estratégicos del Gobierno Nacional para combatir la desnutrición en los territorios con alertas rojas desde 2019 y, en particular, durante las vigencias 2020 y 2021, por lo que sorprende que sean las mismas agencias del Sistema de Naciones Unidas las que emitan un informe en el que se desconocen dichos esfuerzos conjuntos.
Las afirmaciones que relacionan un deterioro de la seguridad alimentaria con factores como una supuesta “inestabilidad política” no tienen sustento. Colombia es un país con una de las tradiciones democráticas más arraigadas en el continente, donde la protesta social pacífica es permitida y protegida por la ley, y en el que se han brindado garantías para que el desarrollo de la protesta pacífica no tenga efectos negativos sobre la capacidad productiva del país, a pesar de los momentos difíciles por los que hemos atravesado muchos países en el mundo por los descontentos sociales que la propia pandemia ha generado.
La mención de un supuesto “retraso” en la implementación del Acuerdo Final negociado entre el Gobierno Nacional y las extintas guerrillas de las FARC, contrasta, de manera evidente, con el apoyo de la comunidad internacional (que incluye al conjunto de Agencias, Fondos y Programas de la ONU) a la implementación de la política de Estabilización: Paz con Legalidad, liderada por el Presidente de la República, Iván Duque. Dentro de estos procesos, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 6.4.2 del Acuerdo relativo al acompañamiento internacional, diferentes instancias han participado, siendo una de estas la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO, ello desde su rol de acompañamiento en el punto 1 del Acuerdo referente a la Reforma Rural Integral.
Entendiendo que la implementación del Acuerdo de Paz debe realizarse por 15 años, el Gobierno del Presidente Duque formuló la Política de Paz con Legalidad por medio de la cual establece las directrices claras y contundentes para lograr en estos 4 años trabajar en torno a la disminución de brechas de inequidad entre el campo y la ciudad y así mejorar la vida de los pobladores rurales. Algunos de los logros alcanzados en la implementación de la Política de Paz con Legalidad se muestran a continuación:
- Sobre las víctimas, eje central del Acuerdo de Paz, hemos realizado 345.249 indemnizaciones individuales (administrativas y judiciales) con una inversión de $2,93 billones de pesos (USD 771 M). Además, se han ejecutado 1.387 acciones reparadoras que fueron implementadas en cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, con una inversión cercana a $120.723 millones.
- Con respecto a la población en proceso de Reincorporación, tenemos a la fecha 9.080 personas vinculadas a rutas de sostenibilidad económica, de las cuales 8.254 están en 3.887 proyectos productivos y 826 han accedido a las «rutas de inclusión laboral».
- Así mismo, con la Política de Paz con Legalidad hemos logrado movilizar más de $11,53 billones de pesos a través de diferentes fuentes de financiación, y dentro de ellas, más de $428 mil millones de pesos gracias al apoyo decidido de la cooperación internacional. El OCAD Paz ha aprobado 563 proyectos en municipios PDET y no PDET con una inversión de $6,25 billones distribuidos en las 16 subregiones y el gobierno cuenta con un acumulado de 1.747 proyectos terminados con una inversión de $2,6 billones.
- Frente a la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se sigue apoyando a casi 100.000 familias que decidieron hacer la transición a oportunidades legales de generación de ingresos. Asimismo, el Gobierno ha reportado que, hasta octubre de 2021, se habían invertido en total 398 millones de dólares, se habían erradicado 45.761 hectáreas de cultivos ilícitos en el marco del Programa y más de 73.000 familias habían recibido asistencia técnica. Un total de 14.725 familias incluidas en el Programa (un tercio de ellas encabezadas por mujeres) tienen proyectos productivos.
Con respecto al punto 1 del Acuerdo de Paz, Desarrollo Rural Integral, a la fecha el Gobierno Nacional ha elaborado y aprobado 15 de los 16 Planes Nacionales Sectoriales que trazan los objetivos y estrategias fundamentales para superar la pobreza y desigualdad y, por lo tanto, alcanzar el bienestar de la población rural. Desde el sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, hemos expedido 4 Planes Nacionales que son esenciales para lograr el objetivo del Acuerdo de Paz:
- Expedimos el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural que traza las estrategias para garantizar el acceso a la tierra, la seguridad jurídica y la formalización de la propiedad. Evidencia de esto es que, a la fecha, hemos ingresado 1.228.067 hectáreas a las casi 1.454.898 del Fondo de Tierras de la Nación, equivalente a 11.204 predios. Además, se han dispuesto 789.355 hectáreas del Fondo en 140 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Así mismo, la Agencia Nacional de Tierras ha regularizado más de 1.177.000 hectáreas, a través de la expedición de más de 43.863 títulos en beneficio de 43.138 familias.
- Expedimos el Plan de Riego y Drenaje con el objetivo de incrementar la productividad agropecuaria por medio del aprovisionamiento de infraestructura de riego y drenaje y control de inundaciones. A la fecha, a través de la Agencia de Desarrollo Rural, el gobierno del presidente Iván Duque ha invertido $63.028 millones para la rehabilitación de distritos de riego y drenaje que impactan 87.044 hectáreas (92% de la meta del cuatrienio). De esta manera se benefician 20.512 familias rurales colombianas.
- Expedimos el Plan de Generación de Ingresos por medio del cual buscamos fortalecer el emprendimiento rural, la asociatividad y el financiamiento y la gestión de riesgos como mecanismos de inclusión productiva. Para lograr esto, hemos cofinanciado 656 Alianzas Productivas durante 2020 y 2021, beneficiando a 24.769 familias en todos los departamentos del país, invirtiendo $193,9 mil millones. Con la convocatoria de este año, se espera cofinanciar 272 alianzas, por una suma de inversión del gobierno nacional de USD $18,9 millones ($75.000 mil millones) que espera beneficiar a 10.880 familias. De esta manera, con este proyecto durante el presente gobierno se invirtió la cifra histórica de USD $68,3 millones ($227 mil millones de pesos), para fortalecer 928 alianzas productivas, lo que representa un 64% de las alianzas en los 18 años anteriores lo cual aportará al mejoramiento de las condiciones de vida de 35.649 familias productoras.
- Adicionalmente, también hemos logrado cifras históricas en el sistema de crédito agropecuario, generando liquidez y manteniendo activa la productividad del sector agropecuario a través de financiamiento, con 1,16 millones de operaciones de crédito registradas en condiciones de redescuento, es decir entregados por Finagro, por un valor de $17,1billones en lo corrido de este gobierno, de los cuales el 87 por ciento fueron para pequeños y medianos productores.
- Y, finalmente, expedimos el Plan de Comercialización, con el cual promovemos la inclusión de los pobladores rurales en cadenas de valor, locales, regionales y nacionales, a través de un mejor aprovechamiento de esquemas alternativos de comercialización. Con la Estrategia de Agricultura por Contrato hemos logrado beneficiar a 241.180 productores con un valor estimado de ventas $1,6 billones de pesos con 1.002 aliados comerciales compradores. En municipios PDET tenemos más de 55 mil productores con una participación del 45% de mujeres rurales. Adicionalmente a esto se aprobó en el Congreso de la Republica la Ley de Compras Públicas que ya esta en implementación y que permite que mínimo el 30 por ciento de las compras en territorio se tengan que hacer a productores locales.
Por otra parte, vale la pena señalar que, el pasado 20 de enero, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas reconoció ante el Consejo de Seguridad los progresos en la implementación en el marco de la política de Paz con Legalidad. En el Informe trimestral se destacan los siguientes logros alcanzados por el Gobierno Nacional: las inversiones del Estado para generar los emprendimientos productivos con visión empresarial, la creación de condiciones para el acceso a seguridad social de excombatientes, las transferencias monetarias, el trabajo en favor de la reparación de las víctimas, así como los progresos en materia de fortalecimiento institucional, conducente a la participación política, la reconciliación social y la provisión de justicia. Todo ello, bajo un enfoque de género auténtico que ha permitido a las mujeres convertirse en pilar esencial para el cumplimiento amplio del Acuerdo.
En su presentación el Sr. Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General para Colombia y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, afirmó que: “Durante los últimos cinco años, la reincorporación socioeconómica de los más de 13.000 excombatientes acreditados también ha avanzado mediante un gran número de iniciativas. Con el apoyo del sector privado y de la comunidad internacional, las entidades gubernamentales han desempeñado un papel fundamental mediante la provisión de asistencia financiera y técnica para iniciativas productivas. Para los excombatientes asentados tanto en antiguas como en nuevas áreas de reincorporación, es necesario acelerar el acceso a la tierra y a la vivienda para que sus esfuerzos puedan prosperar, incluyendo su trabajo conjunto con las comunidades locales, que es tan importante para la reconciliación a largo plazo […] Como señaló el Secretario General durante su visita, a cinco años de su implementación, el Acuerdo de Paz está echando raíces cada vez más profundas”.
En conclusión, la institucionalidad colombiana está avanzando en políticas públicas y programas que buscan dar un cumplimiento estricto a los compromisos asociados con el Acuerdo firmado en 2016, de la mano del fortalecimiento de la agenda agrícola, de seguridad alimentaria y nutrición en el país. Este esfuerzo cuenta con el acompañamiento de la comunidad internacional y el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y está fundamentado en los programas y acciones descritos anteriormente que dan cuenta una vez más, de la prioridad que significa para el Gobierno Nacional lograr el desarrollo sostenible y sociedades más justas y pacíficas fundamentadas en el marco de la estrategia Paz con Legalidad. Por estas razones es totalmente inaceptable asegurar que el país está en condición de inestabilidad política que podría llevar a la inseguridad alimentaria.
Estrategia integral y agenda nacional de seguridad alimentaria y nutrición.
Sobre la agenda de seguridad alimentaria y nutrición, el gobierno de Colombia la puso en el centro de la agenda nacional a través de un nuevo abordaje enfocado en el derecho a la alimentación. Lo anterior, se refleja en la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ha permitido fortalecer los procesos de economía circular, reducción de pérdidas y desperdicios de los alimentos, generación de ambientes alimentarios saludables y sostenibles, el rescate de saberes para la producción y consumo de alimentos, así como la optimización de sistemas de distribución.
En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se incluyó un capítulo denominado “Ciudadanos con mentes y cuerpos sanos”. La principal apuesta es lograr el acceso progresivo a una alimentación adecuada que se refleje en mejores resultados en salud y nutrición de toda la población, especialmente de la más vulnerable. Por esto, desde el año 2019 se viene impulsado la “Gran Alianza por la Nutrición”, con una perspectiva de multisectorialidad y que tiene como objetivo principal, trabajar en favor de la nutrición de la niñez, mejorar la práctica de la lactancia materna, reducir la tasa de mortalidad por desnutrición, disminuir la prevalencia de malnutrición y disminuir la inseguridad alimentaria.
Estos esfuerzos han sido apoyados decididamente por la FAO, con quien hemos adelantado el diseño e implementación de la estrategia de información, educación y comunicación en seguridad alimentaria y nutricional para la promoción de prácticas de alimentación saludables y sostenibles, el diseño de minutas con pertenencia cultural y territorial, acciones para la prevención de desperdicios de alimentos y desarrollo de iniciativas de alimentación y nutrición para fortalecer la atención en la prevención de la desnutrición.
Por su parte, con el PMA se ha realizado la atención de 150.000 mil niños menores de 2 años con micronutrientes en polvo para prevenir deficiencias de micronutrientes de interés en salud pública. Más aún, se acaba de consolidar un convenio para desarrollar la estrategia de Unidades Integrales que tiene como objetivo implementar experiencias pedagógicas de alimentación y nutrición para fortalecer capacidades de familias y comunidades con alto riesgo de presentar desnutrición. De igual manera, la FAO y el PMA acompañaron los diálogos nacionales y subnacionales a partir de los cuales se definió la hoja de ruta “Colombia Avanza Hacia Sistemas Alimentarios, Saludables, Sostenibles, Resilientes y Equitativos”.
Por lo anterior, resulta incomprensible que las mismas organizaciones desconozcan en su informe el importante e histórico avance de cuestiones evidentes como, por ejemplo, la disminución en un 39,4% de muertes de niñas y niños por causas asociadas a la desnutrición en 2020 en relación con el año 2018, esfuerzo interinstitucional del Gobierno Nacional alcanzado en medio de la pandemia causada por el COVID-19. De igual manera, el informe no evidencia las estrategias que, en el corto, mediano y largo plazo ha definido el país para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y nutricional en los hogares colombianos, algunas de las cuales se describen a continuación:
- El Plan de trabajo contra la desnutrición (Plan Ni1+), que se lanzó en 2019 y que tiene como objetivo «disminuir las muertes de niños y niñas menores de cinco años por y asociadas a desnutrición» y enfatiza en el fortalecimiento de las capacidades del sector salud y en el mejoramiento del seguimiento a los casos, con el fin de asegurar la recuperación y evitar recaídas de los niños y niñas. En este contexto, se han logrado avances importantes en la reducción de las muertes por desnutrición y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Este Plan fue reconocido en el año 2021 por el Comité Internacional de Seguridad Alimentaria, como una estrategia exitosa en apoyo a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones afectadas por crisis prolongadas o en riesgo de sufrirlas.
- De igual manera, Colombia puso en marcha 13 Centros de Recuperación Nutricional (CRN), orientados a la recuperación del estado nutricional de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición aguda moderada o aguda severa. Los Centros cuentan con la participación de un equipo interdisciplinario y personal de apoyo, quienes desarrollan acciones de atención en salud, nutrición, alimentación y suministro de complementos nutricionales. Adicionalmente, se cuenta con 20 unidades de búsqueda activa que recorren las zonas más dispersas del país con el fin fortalecer la identificación de niños con desnutrición, riesgo de desnutrición y mujeres gestantes con bajo peso, para gestionar su atención oportuna.
- Por su parte, se avanza en la entrega de complementos nutricionales reforzados a cerca de 1,7 millones de niñas y niños de primera infancia. Además del fortalecimiento de las acciones dirigidas a la prevención y atención de la desnutrición, que incluyen la modalidad 1.000 días para cambiar el mundo contribuyendo a la garantía de la alimentación de niños y niñas con riesgo de desnutrición y madres gestantes con bajo peso mediante la entrega puerta a puerta de canastas alimentarias y alimentos especializados, en los dos últimos años se ha ampliado su cobertura en un 181%.
- Según el Reporte Nacional Voluntario sobre los avances en los ODS, presentado por Colombia en 2021, “el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que recuperaron su estado nutricional que se encuentran en la modalidad de CRN fue de 96,4 % en La Guajira y de 100 % en el departamento de Chocó, lo cual implica un avance significativo para atender a los niños y las niñas con mayores riesgos de desnutrición y alcanzar la meta a 2030”.
- En el año 2021 se estructuró con más de 700 actores, el Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación complementaria 2021 – 2030, como instrumento de política pública para la planificación e implementación territorial de acciones efectivas desarrolladas por actores institucionales, sociedad civil y cooperantes, con la que se busca mitigar riesgos de hambre y seguridad alimentaria y nutricional para niños y niñas menores de 2 años, promoviendo una práctica adecuada de la lactancia materna, como único y completo alimento para los menores 6 meses de vida y que se debe seguir administrando hasta los 2 años o más, junto con una adecuada alimentación complementaria.
- De acuerdo con el informe “Avance en la implementación de los ODS en Colombia, del mes de diciembre de 2021, en el marco del Plan Decenal Lactancia Materna se destacan como principales resultados los siguientes: las dos reformas al Código Sustantivo del Trabajo, que estableció la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (Ley 1804 de 2016) y el avance en materia legislativa en el año 2017 con la expedición de la Ley 1823, mediante la cual se establecieron las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral, reglamentadas por el Ministerio de Salud.
- La campaña ‘Ayudar nos hace bien’ liderada por La Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz Sandoval, tiene como fin contrarrestar la consecuencias del Covid19, haciendo un llamado a la solidaridad de los colombianos y trabajando en un modelo de alianzas, el cual logró en tiempo record llegar a 1.103 municipios de los 32 departamentos (100% del territorio nacional), con canastas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria de familias vulnerables en el tiempo más crítico de la pandemia, logrando entregar más de 1.000.000 de mercados en todo el país. En este marco, el PMA manifestó que “el efecto cuantificable más importante fue la contribución a la reducción del hambre de corto plazo: los beneficiarios tuvieron un 3.5% mejores resultados en números de porciones y comidas diarias que los no beneficiarios de la Campaña”.
- En línea con las acciones de solidaridad, cabe resaltar el 10 de julio de 2020 se firmó el Memorando de Entendimiento No. 019-20 entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Consejería para la Niñez y la Adolescencia y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, atendiendo los compromisos de la CPNA en el marco de la Gran Alianza por la Nutrición. Aunque se trata de una iniciativa privada, resulta relevante mencionarla en atención al propósito del informe. ABACO reúne 24 Bancos en 23 ciudades del país, quienes en su operación han logrado entregar más de 63 millones de kilos de alimentos, han beneficiado 3.2 millones de personas y tienen vinculadas más de 4.000 organizaciones . En el desarrollo de la alianza se han aunado esfuerzos para desarrollar política pública que permita seguir impulsando y fortaleciendo el trabajo de los bancos de alimentos y de la Industria en aprovechamiento de pérdidas y desperdicios de alimentos, PDA, lo que redundará en un mayor número de productos alimenticios que podrán ser aprovechados para consumo humano.
- Por otra parte, la alimentación escolar se priorizó en el Gobierno del Presidente Iván Duque, y se convirtió en una política de bienestar, con un crecimiento en cobertura, pasando de 3.8 millones de niños y niñas a 5.8 millones entre los años 2018 y el 2021. Adicionalmente, en el marco de fortalecimiento normativo, a la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, se suma la Ley 2167 del 22 de diciembre de 2021 que garantiza la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna y de calidad durante el 100 % del calendario académico. Esta Ley ordena al Gobierno Nacional, los distritos, departamentos y municipios respetar los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, para asegurar la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores al calendario académico.” – Ministerio de Educación
- Se impulsó la iniciativa «Innovation for Nutrition» (I4N), bajo el liderazgo del Despacho de la Primera Dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y el Programa Mundial de Alimentos. La iniciativa cuyo objetivo es acelerar el cumplimiento de las metas del ODS 2 en Colombia y en la región de América Latina y el Caribe, se lanzó en febrero de 2021 y es considerada una iniciativa pionera que une a la innovación, la nutrición y la tecnología para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición de las comunidades más vulnerables, a partir de cuatro pilares: visión social, innovación, enfoque multiactor, territorios y comunidades.
- Adicionalmente, Colombia asumió el rol de ser el Hub regional del “Centro de innovación en nutrición y seguridad alimentaria”, que se constituye en el primero de la región como una plataforma para fortalecer los ecosistemas de innovación alimentaria y para acelerar el cumplimiento del ODS2. Además, venimos impulsando con el PMA, un “Pacto por una «Gran Alianza por la Nutrición y el Hambre Cero en Latinoamérica y el Caribe”, que tiene como propósito principal reafirmar el compromiso de los Estados en favor de la nutrición y la seguridad alimentaria, como ejes prioritarios para el desarrollo de la región y al cual se han sumado nueve países de la región en calidad de signatarios iniciales. Por lo anterior, resulta muy difícil entender cómo es que siendo un país líder en la región que impulsa estas iniciativas, las mismas organizaciones que nos apoyan con este propósito nos cataloguen en riesgo de inseguridad alimentaria.
- En el marco de la preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021, el país adelantó seis diálogos nacionales y subnacionales para formular la hoja de ruta nacional, los cuales contaron con el respaldo y acompañamiento de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas y las Agencias de Cooperación como la FAO y el PMA, entre muchas otras. Dado el liderazgo de la Primera Dama en esta actividad, el Director de la FAO reconoció oficialmente el compromiso nacional reflejado en las iniciativas de la Oficina de la Primera Dama, en colaboración con la FAO, para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos que se refleja en la Política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos.
- Frente a la atención por mujeres, se lanzó el “Gran Pacto por la Equidad de la Mujer Rural”, resaltando el papel de la mujer rural y su contribución a la reducción de la pobreza, lo que supone fomentar la inclusión productiva, mejorar el acceso a la tierra y los recursos, entre otras acciones. Así mismo, se lanzó la estrategia INÉS, (Iniciativa Nacional para la equidad, el emprendimiento y seguridad para la Mujer Rural), en alianza entre la Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el apoyo de FAO Colombia, buscando beneficiar a más de dos mil mujeres rurales de todos los territorios.
La atención de la crisis migratoria venezolana y la protección del derecho a la alimentación
En términos de la respuesta a los flujos mixtos desde Venezuela, Colombia, como destaca el informe, ha acogido con solidaridad y generosidad a cerca de 2 millones de ciudadanos venezolanos que han huido de la crisis multidimensional que existe en su país. La misma comunidad internacional ha sido testigo y felicitado los esfuerzos del Gobierno en la acogida e integración de esta población. Dado lo anterior, resulta increíble que el informe dedique un apartado a Colombia, pero no dedique tal espacio a Venezuela, cuando es la inseguridad alimentaria uno de los principales motivos que ha llevado a gran parte de su población a abandonar el país en altas condiciones de vulnerabilidad y en búsqueda de una mejor calidad de vida en Colombia.
La alusión al Panorama de Necesidades Humanitarias (Humanitarian Needs Overview), es errónea, puesto que la información citada corresponde a insumos para la construcción del Plan de Respuesta Humanitario, documento que a la fecha no ha registrado un lanzamiento oficial y que se encuentra en consultas con el Gobierno colombiano.
Desde el inicio de este Gobierno, a través del CONPES 3950 del 2018, se definió una estrategia para la atención de la migración desde Venezuela, trazando una ruta coordinada e intersectorial para la atención de la población migrante en el mediano plazo, y el fortalecimiento de capacidades del Estado para una respuesta oportuna.
Una de las apuestas estratégicas para la atención a la migración desde Venezuela, está relacionada con la regularización migratoria de las personas migrantes. El primer mecanismo de regularización fue el Permiso Especial de Permanencia, que les permitía acceder a oportunidades laborales y económicas, y en efecto, a enero de 2021, Migración Colombia, había otorgado más de 720.113 de estos permisos.
Entendiendo que la mayoría de las personas migrantes venezolanas tienen ánimo de permanencia en nuestro país y requieren de mecanismos robustos para su protección, en una decisión histórica y solidaria, en el 2021 el Gobierno Nacional implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal -ETPV-. Este mecanismo genera el registro de la información de los migrantes venezolanos y, posteriormente, les otorga un beneficio temporal de regularización a través de un Permiso por Protección Temporal – PPT- . El ETPV habilita a las personas venezolanas a generar ingresos en igualdad de condiciones que los colombianos, permitiendo por lo tanto, que en el corto y mediano plazo se mejoren sus condiciones de nutrición y seguridad alimentaria. Es así, como hay una correlación directa entre la regularización migratoria, la generación de ingresos y la mejora de las condiciones de nutrición y seguridad alimentaria de las personas venezolanas.
Entendiendo la correlación anterior, es importante mencionar que según cifras de Migración Colombia, a agosto de 2021, hay más 1.8 millones de venezolanos viviendo en Colombia, y la meta a través del Estatuto Temporal de Protección es regularizar a más de 1.5 millones. En línea con los esfuerzos en materia de política pública, bajo el liderazgo de este Gobierno, se han canalizado apoyos técnicos, financieros y humanos de la comunidad internacional para responder al flujo de personas venezolanas. Destacamos así, las siguientes acciones relevantes en materia de alimentación y seguridad alimentaria de migrantes venezolanos y de las comunidades de acogida:
- El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos – GIFMM es un espacio de coordinación para la respuesta a la situación de refugiados, migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida, creado a finales de 2016, que cuenta con la participación de 77 miembros, entre agencias de Naciones Unidas, ONGs y el Movimiento de la Cruz Roja. El GIFMM tiene un plan de respuesta a las necesidades de migrantes y refugiados (RMPR por sus siglas en inglés), a través del cual se realiza la planeación de acciones y se canalizan recursos para su efectiva ejecución.
- El GIFMM contempla múltiples sectores, incluido uno de seguridad alimentaria y nutrición, en el que se abordan las necesidades de nutrición de los refugiados y migrantes, y de forma especial, de las niñas, niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia. Del RMRP del 2021, para seguridad alimentaria, se tuvo un requerimiento financiero de $111 millones de dólares, y se recibió un total de 148.2 millones (133% más de los requerimientos), permitiendo impactar a más de 1 millón de personas migrantes, refugiadas y colombianos.
- En cuanto a acciones de nutrición del RMRP 2021, se tuvo un requerimiento financiero de 7.9 millones de dólares y solo se recibió 1.3 millones, impactando a tan solo 21.500 personas, cuando se tenía un estimado de 0.17 millones. Esto evidencia, que Colombia sigue requiriendo del apoyo y compromiso de la comunidad internacional para la atención de la población migrante venezolana, en especial, en sector críticos como el de nutrición.
- En todo caso, gracias al trabajo articulado entre el Gobierno y los socios y agencias que hacen parte el GIFMM, a noviembre de 2021, más de 1.13 millones de personas recibieron al menos una asistencia en seguridad alimentaria y nutrición. Por ejemplo, a más de 179 mil personas les fue entregado kits de alimentos listos para consumir, a más de 246 mil personas se les hizo entrega de comidas calientes a través de cocinas y comedores comunitarios; 25 mil personas contaron con fortalecimiento de capacidades en temas de alimentación y nutrición de niñas y niños; y se alcanzaron más de 14 mil niñas y niños menores de 5 años para la detección de desnutrición aguda.
- Para el RMPR del 2022, en materia de seguridad alimentaria, se plantea alcanzar a 1.58 millones de personas, lo que implica un requerimiento financiero de 173 millones de dólares, y en cuanto a acciones de nutrición, se plantea impactar a 125 mil personas, con un requerimiento financiero de 4.3 millones de dólares.
- Considerando que la pandemia del COVID-19 afecta de forma desproporcionada a las personas migrantes, en un esfuerzo del Gobierno Nacional, se movilizaron 3.2 millones de dólares de donación del Banco Mundial, para beneficiar a 17.000 familias migrantes y colombianas, que recibirán transferencias monetarias por parte del PMA. Estas transferencias, tienen como objetivo impactar de forma positiva en la nutrición y seguridad alimentaria de las personas migrantes y también de las comunidades de acogida.
- Teniendo en cuenta que, gracias al Estatuto Temporal de Protección, la apuesta del Gobierno Nacional está relacionada con la integración socioeconómica de la población migrante, en un esfuerzo liderado por este Gobierno, el Banco Mundial y el BID financiarán con 800 millones de dólares la atención e integración de los migrantes venezolanos. Gracias a estos recursos se apoyará la implementación del Estatuto Temporal de Protección, que tiene una correlación directa con la generación de ingresos, y por tanto con la nutrición y seguridad alimentaria de las personas migrantes.
- Pero además, se promoverán otras estrategias relevantes para la generación de oportunidades y por lo tanto, para la nutrición y seguridad alimentaria de los migrantes. Destacamos, por ejemplo, líneas de política para promover el reconocimiento de competencias laborales, la ampliación del acceso a los servicios sociales, y el diseño de instrumentos para la integración social y económica de las personas migrantes.
- De esta forma, frente a la migración venezolana tenemos una política clara de fraternidad y solidaridad que se concreta en acciones puntuales como la regularización migratoria a través del Estatuto Temporal de Protección, que genera oportunidades y la mejora en las condiciones de nutrición y seguridad alimentaria de los migrantes. De igual forma, contamos con instrumentos robustos de coordinación entre el Gobierno y socios relevantes, para impactar de forma positiva en la atención e integración de las personas venezolanas, teniendo a la nutrición y seguridad alimentaria, como aspectos centrales en la respuesta.
La recuperación económica de Colombia en el contexto regional y la seguridad alimentaria.
Estas iniciativas responden a una estrategia integral del gobierno nacional por atender los desafíos que se generaron por la pandemia del Covid19 y sus terribles efectos. En este sentido, el país avanza en la implementación de la Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia, que propone acciones integrales, complementarias y sostenibles en el tiempo, a partir de tres principios rectores: la sostenibilidad, la intersectorialidad y la resiliencia (CONPES 4023/2021).
Esta política tiene como objetivo, desarrollar capacidades en los hogares, el sector productivo, el marco institucional y de los habilitadores digitales en el corto y largo plazo, para transitar hacia un crecimiento más sostenible que además tenga la habilidad para responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto. La política contempla en su plan de acción la mitigación del incremento de la pobreza y vulnerabilidad económica, así como la desacumulación de capital humano en los hogares; un crecimiento mayor y más sostenible del aparato productivo, el fortalecimiento de capacidades institucionales y confianza ciudadana y la transformación digital.
En adición a lo anterior, se desarrolló e implementó la Estrategia de Respuesta Inicial ante los Efectos de la Pandemia del COVID-19 sobre la salud pública, los hogares, el aparato productivo y las finanzas públicas, CONPES 3999 de 2020, en el cual se establece la Mesa de Coordinación para el Abastecimiento y la Seguridad Alimentaria que realiza seguimiento diario a la disponibilidad y abastecimiento de agroinsumos y alimentos en todos los departamentos del territorio nacional, así como un monitoreo a los precios de estos; también menciona la habilitación de la entrega de alimentación escolar para el aprendizaje en casa durante la vigencia del estado de emergencia, con la que se proyecta beneficiar a cerca de 5 millones de estudiantes.
Hemos atendido 10.3 millones de hogares, 30 millones de personas, con transferencias monetarias, a través de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Este último, ha atendido a 3 millones de hogares y a partir de marzo de 2022 atenderá a 4 millones. Los recursos que se han invertido en lo corrido de este gobierno son de $30,3 billones.
Gracias a las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional, el país ha logrado encaminarse en un sólido proceso de recuperación. De acuerdo con la última proyección de crecimiento de la OCDE, se prevé que la economía colombiana crezca un 9,5 % para 2021, tercer lugar entre los países OCDE. Por su parte The Economist, en su edición más reciente, nos ubica como la primera economía del mundo que tiene los mejores indicadores de retorno a la normalidad. Según la última publicación de cifras de empleo del DANE, el número de empleados en el país representa el 95,4% de los empleados antes de pandemia.
De acuerdo con la CEPAL, en términos de indicadores económicos, en el contexto de la pandemia del COVID-19, América Latina y el Caribe registró una tasa de crecimiento de 6.2%, mientras que Colombia presentó un crecimiento por encima del promedio con un total de 9.5%, siendo la cuarta economía con mayor crecimiento en América del Sur.
El programa de vacunación masiva gratuita y los programas de reactivación económica son factores fundamentales para que Colombia en el año 2021 tenga un crecimiento proyectado del PIB del 9,5 por ciento.
Gráfico 1. Variación (%) del PIB y del valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2015 – 2021 (proyectado)
Fuente: DANE. Cálculos: UPRA
Gráfico 2. Valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2015-2021. Pesos constantes de 20201
Fuente: DANE. Cálculos: UPRA
[1] Deflactados con la variación del valor agregado del sector a partir de los corrientes de 2020
De acuerdo con las cifras de pobreza publicadas por el DANE en 2021, por un lado, la incidencia de la pobreza monetaria en la zona rural del país (centros poblados y rural disperso) pasó de 47,5% en 2019 a 42,9% en 2020; lo que representó una reducción de 4,6 puntos porcentuales. Por otro lado, el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional en la zona rural (centros poblados y rural disperso) pasó de 50,8% en 2010 a 37,1% en 2020: una disminución de 13,7 puntos porcentuales y, por ende, un avance significativo del bienestar social de la población campesina y pesquera.
Colombia tiene una capacidad de autoabastecimiento del 72% de la producción agropecuaria que se demanda para el consumo interno de alimentos. En el año 2020, se produjeron en el país más de 36,2 millones de toneladas.
Al inicio de la pandemia, una de las prioridades para Colombia fue mantener la productividad del campo, con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos, mediante estrategias como las Líneas Especiales de Crédito para el sector agropecuario, el apoyo para el acceso a insumos agropecuarios y el mantenimiento de la cadena logística de transporte, distribución y comercialización de alimentos. Además, garantizar la accesibilidad física a los alimentos, a través de diversas estrategias como la entrega de canastas nutricionales en todo el país, entre otras. Después de un año de pandemia, en el 2020, durante el cual se redujeron los ingresos de las familias, así como la demanda de alimentos, en el 2021 se registran prácticamente las mismas áreas sembradas (5,5 millones de hectáreas), información reportada en más de 1.000 municipios productores de alimentos y materias primas, donde se reportaron 200 diferentes tipos de cultivos.
Los riesgos de seguridad alimentaria para los hogares más vulnerables se concentran en factores socioeconómicos, la disponibilidad de alimentos se ha mantenido. A pesar de la pandemia, el abastecimiento de alimentos hacia los centros de consumo ha sido garantizado por el Gobierno Nacional, de tal manera que el suministro de alimentos hacia las centrales mayoristas aumentó 1,3% durante 2020 y 0,1% en 2021. Es decir, no hay escasez de alimentos.
El eje de acceso de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, una comunidad o un país. Sus determinantes básicos son el nivel de ingresos, la condición de vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas, la distribución de ingresos y activos (monetarios y no monetarios) y los precios de los alimentos. Los insumos agropecuarios son factores determinantes en la fijación del precio de los alimentos.
Actualmente, se atraviesa por una situación global respecto al incremento en el precio internacional de estos bienes, particularmente, en lo que respecta a los fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos que se han visto afectados por el aumento del costo del gas que es materia prima para producir urea; la crisis de contenedores y de logística marítima y las sanciones económicas que se han impuesto a países como Bielorrusia, uno de los grandes productores de potasio.
Por lo anterior, el Gobierno Nacional, consciente de esta situación, tramitó de manera muy oportuna, siendo de los primeros países del mundo en hacerlo, a través de la cartera agropecuaria, el establecimiento de medidas que permitan garantizar el acceso a estos bienes mediante la Ley 2183 de 2022, entre las que se encuentran la creación del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios (FAIA), enfocado en la financiación de los mecanismos necesarios para contribuir al acceso a los insumos agropecuarios por parte de los productores del sector agropecuario.
También, se dispondrá de una cifra de aproximadamente $70.000 millones, que incluye el 10% de las utilidades de 2021 del Banco Agrario de Colombia. Para los años futuros, el Gobierno Nacional queda facultado a través de la ley para establecer los montos de recursos necesarios y probables que permitan desarrollar el objeto del fondo. Además, esta misma Ley dispuso que los insumos agropecuarios sean importados a una tasa arancelaria del 0% por el término de un año. Posteriormente, el Gobierno Nacional evaluará los efectos comerciales de la medida con el fin de determinar la continuidad de la exención. De igual forma, la Ley de Insumos Agropecuarios creó el Observatorio de Insumos Agropecuarios para proveer información técnica y formular recomendaciones, propuestas y advertencias de seguimiento y evaluación.
Adicionalmente, para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer los sistemas de producción agrícola, desde 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural junto con los gremios y asociaciones agropecuarias avanza en la formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento de la Producción en 5 cadenas priorizadas: arroz, leche, carne, maíz y papa. Estos instrumentos tienen como propósito mitigar los ciclos de sobreproducción y escasez, así como disminuir la volatilidad de los precios y reducir los costos de producción.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sus agencias adscritas y la FAO, de la mano de actores privados y la cooperación internacional, han desarrollado un programa de sistemas agroalimentarios sostenibles en diferentes territorios priorizados, a través del cual se han logrado desarrollar modelos inclusivos de abastecimiento de alimentos con pequeños y medianos productores, a través de lo cual se ha logrado activar la canasta básica y la cohesión social en momentos de crisis y garantizar una producción sostenible, ingresos a las asociaciones de agricultura familiar y fomento a la seguridad alimentaria y nutrición.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2021, la reactivación del campo registró una inversión cercana a los $600.000 millones y benefició a 487.000 productores. Los programas estuvieron enfocados en mejorar la comercialización de los productores, el financiamiento, la inclusión productiva, fomentar cadenas agrícolas y pecuarias, así como empoderar y fortalecer el papel de las mujeres y jóvenes rurales.
Por lo anterior, se puede evidenciar que Colombia está avanzando decididamente en una estrategia integral para asegurar los mejores estándares en la agenda de seguridad alimentaria y nutrición. Las condiciones y desafíos propios del país, son para el Gobierno Nacional una oportunidad para abordar con mayor compromiso y prioridad esta importante agenda que como se ha descrito, es transversal a las diferentes acciones nacionales de mantenimiento de la paz y la promoción del desarrollo sostenible.
El Gobierno Nacional seguirá trabajando de manera articulada con la comunidad internacional y, en especial, con las Naciones Unidas y sus respectivas agencias, en favor de las prioridades nacionales y con un espíritu de solidaridad frente a los diferentes desafíos globales y regionales, en especial en la lucha contra el hambre y la desnutrición, así como la atención a los migrantes venezolanos en un contexto tan desafiante como el de postpandemia.
Sabemos que ningún país ha escapado a los desafortunados impactos de la pandemia. Sin embargo, desconocer los esfuerzos interinstitucionales desplegados por el Gobierno Colombiano, en conjunto con la comunidad internacional y la iniciativa privada, con prospectivas que no se encuentran fundamentadas metodológicamente —por lo que no se puede comprender el análisis comparativo con los países de la región y los demás continentes—, lejos de contribuir a la reactivación económica a la que todos aspiramos y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos en los tiempos especiales que transitamos, genera una distorsión de la realidad que provoca mayor confusión y temor en nuestra sociedad.
